La propuesta de nueva Constitución acordada por la disuelta Convención Constitucional adolece de severos problemas estructurales. Se trata de una proposición con falencias sustantivas relativas a cuestiones fundamentales del diseño institucional, en al menos tres ámbitos, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, que lleva por título “Rechazo y continuación del proceso constitucional o aprobar para reformar: las opciones en juego.”
Se afirma que debilita seriamente las bases de la democracia representativa, encaminándonos a una democracia identitaria con un Parlamento fraccionado. La proposición descree de los partidos políticos y privilegia una arquitectura que incentiva la atomización, en vez de moldear grandes mayorías. El sistema diseñado busca la radicalización del debate parlamentario por medio de dar continuidad permanente a las reglas electorales que fueron aplicables a la Convención, que rompen con la igualdad del voto y ante la ley, como los escaños reservados para pueblos indígenas, sobre dimensionados, entre otras. Estas reglas permitirán a las fuerzas más extremas distorsionar la discusión, al tiempo que ellas comprometen la alternancia en el poder. Luego el sistema diseñado crea incentivos para la generación de más y nuevos conflictos entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, como colegisladores. Ello ocurre con la iniciativa de leyes de concurrencia presidencial necesaria y con la regulación del veto del Ejecutivo. Esto, además de los que se producirán entre el Congreso de Diputado(a)s y la Cámara de las Regiones pues el diseño institucional priva a la segunda de involucrarse seriamente en el debate de materias muy relevantes para la ciudadanía (seguridad pública, derecho de propiedad, seguridad social, regulación laboral, entre otros). Se genera así un poder desmedido y sin contrapesos, internos y externos, para el Congreso de Diputado(a)s.
Luego, en relación al diseño del sistema judicial (que deja de ser un poder del Estado), la publicación afirma que compromete severamente su independencia, al proponerse la creación de un Consejo de la Justicia -integrado minoritariamente por jueces y con riesgos de captura por parte del poder político- que concentrará, además, las atribuciones de nombrar, evaluar y destituir a los magistrados. Así, se debilita el resguardo de nuestros derechos y libertades. Además, se crean diversos sistemas de justicia, nacionales e indígenas, que abren el camino para la discriminación arbitraria y la desigualdad ante la ley, existiendo incerteza (pues la propuesta no lo resuelve) sobre las materias que cada uno resolverá y respecto de quiénes ejercerá jurisdicción. La justicia a impartir podría en buena medida depender de la etnia indígena a la que se pertenezca o no, siendo aplicables reglas diversas (pluralismo jurídico), que nos son conocidas por todos, con la incertidumbre que ello conlleva para la ciudadanía en general.
En cuanto al sistema económico, la publicación señala que el texto compromete las bases fundamentales para el progreso y el desarrollo humano, debilitando severamente el derecho de propiedad y la certeza jurídica respecto al uso de los recursos naturales. Al mismo tiempo, genera incentivos para potenciar el conflicto entre los trabajadores y empleadores con un derecho a huelga prácticamente ilimitado. Asimismo, otorga un rol activo al Estado en la economía sin tomar los resguardos necesarios para que éste compita en igualdad de condiciones y sin que se le exija actuar bajo las reglas del derecho común aplicable cuando actúa como empresario. Con ello podría verse seriamente comprometida la declarada libertad de emprender y la libre competencia, entre otras garantías. En este diseño, la propuesta descree del rol de la sociedad civil, marginándola de la provisión de bienes públicos, y no garantiza que puedan continuar cooperando con el Estado en las importantes funciones que hoy cumplen, en áreas como educación, salud, pensiones y vivienda.
En vista de lo que está en juego en el plebiscito del 4 de septiembre frente a una propuesta que adolece de los déficits anotados, la publicación llama a los ciudadanos a concurrir a las urnas a manifestar, con sistema de voto obligatorio, la opción de rechazar o aprobar.
Enseguida, pone de relieve que las coaliciones que apoyan al Gobierno, a instancias del propio Presidente de la República, arribaron a un acuerdo en que se comprometen a reformar la propuesta de ganar la opción Apruebo, pero previene que ello no parece tan claro frente a si triunfa la opción rechazo.
En este caso, el Congreso Nacional está plenamente facultado para acordar y aprobar, por 4/7 de los integrantes en ejercicio de cada Cámara, cómo habría de continuar el proceso constitucional en consideración a que existe un acuerdo político amplio y trasversal en tal sentido. En tanto, y hasta que no se publique en el Diario Oficial una nueva Constitución, regirá la institucionalidad actual y las instituciones funcionarán como las conocemos.
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Mientras que si la propuesta se aprueba el escenario es radicalmente distinto. Tan pronto se publique en el Diario Oficial, parte de nuestra institucionalidad experimentará de inmediato relevantes y complejos cambios. Mientras esos cambios se implementan y comienzan a discutirse las leyes para poner en práctica las materias cuya vigencia ha sido diferida, se comenzarían a discutir, asimismo, las reformas al texto que han comprometido las fuerzas políticas ligadas al Apruebo, debiendo cumplir requisitos procedimentales muy difíciles de alcanzar. Todo ello en un contexto político en que los incentivos habrán cambiado pues, pasado el hito electoral, posiblemente el comportamiento y disposición de los actores frente a estas eventuales reformas será diverso de imponerse esta opción.