En votación dividida, donde los representantes de RN, UDI y PREP votaron en contra y los restantes legisladores a favor, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que promueve un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social.
El texto ingresó el 7 de julio de este año a la Cámara considerando una estimación de mayor recaudación neta de un 2,8% del PIB, en cuatro años. La iniciativa se complementa con otras, en trámite (royalty a la gran minería) o en perspectiva de ingreso (impuestos correctivos. En conjunto, promueven mayores dineros para el Estado por un 3,6% neto del PIB (bajaría con aplicación de algunas indicaciones).
En lo particular, el texto hoy aprobado afecta cuatro materias: adecuación al impuesto a la renta; perfeccionamientos al impuesto al patrimonio; una reducción de exenciones; y combatir la evasión y la elusión.
Tiene como objetivo avanzar en algunas reformas estructurales imprescindibles para dar un salto al desarrollo. Específicamente, los dineros se utilizarán en mejorar el sistema de salud (reducción de listas de espera) y de pensiones (aumento de la PGU a $250 mil). También permitiría mejorar el sistema de cuidados y avanzar en inversión en infraestructura educacional. Asimismo, se espera invertir en la diversificación y productividad de la economía por medio de apoyo en inversión en ciencia y desarrollo.
Apoyos a la reforma
El primero en intervenir fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Defendió el fondo de la propuesta y recordó su finalidad en materia de mejoras sociales para la población. De igual modo, expresó la disponibilidad del Gobierno al diálogo y recordó las indicaciones ya presentadas. Ellas se explicaron en una sesión anterior y tuvieron su base en las conversaciones realizadas en la Comisión.
Luego, usando el voto sistema de voto fundado, dijeron apoyar la iniciativa los diputados Boris Barrera, Carlos Bianchi, Ricardo Cifuentes, Vlado Mirosevic, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda y Gael Yeomans. Aunque no intervino, también voto a favor el diputado Jorge Brito.
En general, recordaron que aprobar la idea de legislar permite dar el vamos a la discusión. Votar en contra, argumentaron, es cerrar la puerta a establecer mejoras que la sociedad chilena espera. Asimismo, recordaron que la OCDE recomendó hacer ajustes en materia tributaria.
De igual modo, criticaron a los partidos de derecha por restarse a este esfuerzo de justicia social. Ello, pese a negociar en las sesiones pasadas indicaciones con el Gobierno, que se materializarían en el debate en particular. “La derecha está diciendo, al rechazar esta reforma tributaria, que quiere que la gente siga viviendo en las condiciones miserables”, evaluó el presidente de la instancia, diputado Naranjo.
Votos en contra
Expresaron su oposición al proyecto los diputados Miguel Mellado, Guillermo Ramírez, Agustín Romero, Frank Sauerbaum y Gastón Von Mühlenbrock.
La crítica fue modera, en algunos casos; mientras que otros fueron duros en sus observaciones. Pero todos fueron claros en la necesidad de rechazar el proyecto porque estimaron que, en lo principal, afecta a la inversión y al crecimiento. “No nos haremos parte de un desastre económico que se lo van a comer los más pobres y la clase media”, argumentó Ramírez.
Criticaron temas como las nuevas tasas al patrimonio y a las ganancias de capital. Por otra parte, estimaron que se debilita la certeza jurídica y no se apoya debidamente a las pymes.
Objetivos e indicaciones
La reforma responde a objetivos explícitos:
– Recaudación: Incrementar la recaudación fiscal en un plazo de 4 años.
– Justicia distributiva: Elevar progresividad del sistema tributario; y reducir resquicios y oportunidades de planificación tributaria agresiva.
– Legitimidad recaudatoria: Buen uso de los recursos; y transparencia en el uso de los recursos.
– Modernización tributaria: Incorporar tendencias globales en tributación; tomar en cuenta la globalización de contribuyentes; y desarrollo financiero.
– Eficiencia: Simplificar y reducir costos de cumplimiento; reducir incentivos organizativos a formas organizativas con fines de elusión; rebalancear ejes de fiscalización; así como más y mejor información para la autoridad tributaria.
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En cuanto a las indicaciones del Ejecutivo ya informadas, estas apuntan a los incentivos a la inversión y al nuevo sistema de impuesto a la renta. Adicionalmente, respecto de la agenda antielusión y evasión, así como al régimen pyme y al impuesto al patrimonio.
Conforme a lo acordado, el plazo para presentar indicaciones será de dos semanas. Así, inicialmente, se comenzaría la discusión del articulado el martes 11 de octubre.
Vea mensaje, discusión y análisis Boletín Nº15170.