Pasividad del abogado al no presentar demanda judicial cuando se puede y debe hacer, constituye un delito de deslealtad profesional, ya que le provoca un perjuicio a su cliente.

El Tribunal Supremo de España acogió parcialmente un recurso de casación en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a una abogada por el delito continuado doloso de deslealtad profesional.

La recurrente alegó que se falló con indebida aplicación del derecho, ya que su actuación como abogada sería constitutiva como mucho de una infracción disciplinaria colegial mas no de un delito de deslealtad profesional por el que ha sido condenada, puesto que, si bien una compañera de clases de yoga le pagó por adelantado la suma total de 3240 euros para agilizar diferentes proceso judiciales, tales como, cobro de pensiones atrasadas, la adjudicación exclusiva de la titularidad total de una finca inscrita a nombre de la clienta y de su ex marido, como así también interponer una denuncia por un presunto delito de impago de pensiones, la no presentación de escritos y de demandas durante dos años – salvo el patrocinio y poder- son meras demoras y no le provocaron perjuicio alguno, puesto que le hizo devolución del total de la cantidad percibida.

Enseguida, estima que, a pesar de que la sentencia recurrida sostiene que procede la imposición de las penas en su mínima extensión, dicho criterio únicamente es empleado a la pena de multa, y no a la pena de inhabilitación, incumpliendo, por lo tanto, el principio de proporcionalidad.