A partir de la premisa sobre la cual se estructura el “Acuerdo por Chile”, de que una nueva Constitución es indispensable para el país, el nuevo acuerdo se hace cargo de extraer lecciones y aprendizajes del fracasado proceso constitucional de 2021-2022, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, que lleva por título “Nuevo Acuerdo Constitucional: balances y proyecciones”.
Dentro de los aspectos por destacar, la publicación resalta que parece valiosa la composición mixta del órgano constitucional y la revalorización del Congreso Nacional como poder constituyente derivado, el que tendrá un rol relevante al nominar a los integrantes de la Comisión Experta, la que tendrá incidencia en el proceso. Del mismo modo, es positivo que no exista una hoja en blanco, pese a que los 12 puntos de las bases constitucionales se presentan como definiciones bastante amplias e interpretables al tenor de la discusión constitucional.
Con todo, la publicación señala que preocupa que el acuerdo valide nuevamente esquemas de representación política que distorsionan la democracia representativa y la igualdad del voto como son los escaños reservados indígenas y la corrección por paridad de género.
Luego, en términos de proyección electoral, afirma que el esquema senatorial replicado para el Consejo Constitucional introduce incentivos mayoritarios, aspecto que podría favorecer a las grandes coaliciones en desmedro de las fuerzas políticas marginales. Y proyectando los últimos resultados de la elección de diputados 2021 a la propuesta contenida en el acuerdo, la publicación sostiene que la centro derecha como un todo, obtendría una representación de un 48% del Consejo Constitucional.
Enseguida, alerta de que es de esperar que el proceso siga el curso predefinido, afirmando que el Congreso Nacional debe ser coherente con el mandato del acuerdo, sin desdibujar los compromisos establecidos en torno a él, algo que ya está siendo cuestionado. A pocos días de aprobado el acuerdo, surgen dudas respecto a la capacidad que tendrán los partidos que lo suscribieron y, especialmente el Gobierno, de ordenar a sus parlamentarios a fin de aprobar dicha reforma en función de los acuerdos alcanzados. En ese sentido, previene que se debe dar seguimiento a las posiciones críticas que han surgido por parte de un sector del Partido Comunista y también del Partido Comunes, quienes han declarado que el acuerdo posee “excesivos tutelajes” y buscarán modificar algunos de sus contenidos en el marco de su tramitación legislativa.
También plantea que surge una interrogante relativa al efecto político y electoral de las fuerzas políticas renuentes al acuerdo. La capitalización del espíritu anti política y la exacerbación de la brecha entre las prioridades ciudadanas y las prioridades políticas podría tener un impacto en la conexión electoral que algunas fuerzas que legítimamente no suscribieron el acuerdo, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente, podrían generar con ciertos segmentos y grupos de la sociedad. El auge de este fenómeno se ha hecho realidad en otras latitudes y no tendría por qué ser Chile la excepción a esta realidad.
Noticia Relacionada
Por último, el acuerdo político constitucional que la publicación examina, debiera encarnar el último intento por dibujar un itinerario constituyente fuera de su entorno institucional natural que es el Congreso Nacional. Nuestra institucionalidad política, económica, pero también la realidad social del país no resiste una tercera oportunidad para revisitar un esfuerzo de esta naturaleza. La incertidumbre constitucional no puede ser entronizada en nuestro país. Finalmente, y a diferencia de lo que aconteció en el fracasado proceso constitucional de 2021-2022, se espera que, junto a una institucionalidad robusta y equilibrada, esta vez el espíritu de unidad, altura de miras, colaboración y conciencia de lo que está en juego por parte de los consejeros y expertos sean los principios que inspiren este nuevo proceso.