A raíz de fallos recientes de la Corte Suprema.
Proyecto de Reforma Constitucional regula las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.
Si existe una migración masiva y repentina de millones de personas al sector público, afectará la atención de salud de toda la población beneficiaria de FONASA, toda vez que no tendrá la flexibilidad oportuna para dar atención de salud a nuevos beneficiarios.

El proyecto de reforma constitucional, patrocinado por la Senadora Ximena Rincón, y los Senadores Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Javier Macaya y Matías Walker, modifica la Carta Fundamental, para incorporar una disposición transitoria a la Constitución que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.
Los autores de la iniciativa señalan que el 30 de noviembre del presente año, la Corte Suprema, en varias causas relacionadas con recursos de protección interpuestos en contra de ISAPRES, resolvió de manera general una nueva oleada de judicialización que afectó a las ISAPRES. Esta vez, relacionada con la aplicación concreta de las tablas de factores a los planes vigentes.
Exponen que esta decisión produce los siguientes efectos: Por un lado, la Corte despeja y zanja aspectos regulatorios fundamentales de la tarificación del sistema y otorga alguna certeza al respecto. No obstante, al tener que aplicarse a todos los contratos vigentes, correspondientes a más de 1,5 millones de cotizantes, se impacta severamente en los ingresos futuros de las Instituciones de Salud Previsional, puesto que, para el grueso de las beneficiarias mujeres y adultos mayores, la tabla a aplicar reduce sustancialmente el factor de riesgo. Y se estima que el impacto de esta medida puede variar en cada una de las compañías entre veinticinco y cien millones de dólares.
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