Inobservancia de las normas del debido proceso.
Corte IDH ordena a México adecuar su legislación sobre arraigo y prisión preventiva a los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Las autoridades nacionales, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a México por vulnerar los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, por privar de libertad arbitrariamente a 3 ciudadanos.
En 2006, los afectados fueron detenidos por la policía tras ser sometidos a una inspección. Durante la revisión de su vehículo se habrían encontrado elementos que los incriminaban en un delito de terrorismo. Se decretó arraigo y estuvieron privados de libertad 3 meses antes de que un fiscal presentara cargos en su contra. Tras la formalización estuvieron en prisión preventiva por más de 2 años.
En la sentencia se los absolvió del delito de terrorismo y se los condenó por cohecho. Sin embargo, el tribunal consideró que la pena estaba “compurgada” por lo que ordenó su inmediata liberación. Posteriormente los afectados incoaron un procedimiento contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual remitió el caso a la Corte IDH en la respectiva oportunidad procesal.
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