Establecer un régimen de atención, protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, es el objetivo del proyecto de ley que comenzó a analizar la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y que cuenta con urgencia de discusión inmediata.
La instancia parlamentaria, presidida por la senadora Claudia Pascual, respaldó la idea de legislar por la unanimidad de los presentes y fijó como plazo para recibir indicaciones, el próximo viernes 17 de marzo.
El proyecto, iniciado por moción de las diputadas Karol Cariola, Marcela Hernando, Pamela Jiles, Maite Orsini, Camila Rojas, Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans, y de las ex diputadas Maya Fernández, Andrea Parra y Natalia Castillo, fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados, en dónde el Ejecutivo presentó indicaciones que lo modificaron sustancialmente.
Al respecto, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que las indicaciones presentadas por el gobierno, tienen como objetivo precisar algunas materias, como la calificación de los casos de femicidio, si sería por la vía judicial o administrativa, definir con claridad el concepto de víctimas que serían sujetas a las medidas de reparación y el alcance de las mismas, y concordarlo, anticipando pasos de armonización, con el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín 11077-07), e incorporar la demanda de larga data de organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de femicidio, relacionada la manutención de los niños y niñas que han perdido a su madre por un femicidio.
En lo sustancial, el proyecto contempla una serie de medidas para reparar a las familias de la víctima de femicidio, y considera una pensión mensual de $160.000 para las hijas e hijos, menores de 18 años, que hayan perdido a su madre a causa de un femicidio.
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Según la información del Circuito Interseccional de Femicidio, se estima que ésta beneficiaría, en promedio, a 46 niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de los delitos en grado de consumado al año, con un mayor gasto fiscal por aplicación del proyecto, que asciende a $794.880 miles anuales.
Además, el proyecto propone que la familia de la víctima, acceda a una serie de medidas de protección como la atención preferente de salud, una calificación especial en el registro social de hogares, entre otras.
En este segundo trámite constitucional, senadoras y senadores entregaron un cerrado respaldo a la propuesta legal y advirtieron algunos aspectos a considerar, como el acortar los plazos para el respectivo reglamento; explorar la posibilidad de compensar a los hijos e hijas de víctimas desde el 2010, pero que hoy sean mayores de edad, entre otros.
El proyecto, una vez que sea despachado por la Comisión de Mujer, deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda en lo referido a las normas de su competencia.
Vea Boletín 14013-14