Contraloría emite pronunciamiento y fija criterio para iniciar un procedimiento de fiscalización a partir de una denuncia de un particular que carece de derecho o interés comprometido en el asunto.

Dos integrantes de la Comisión Ciudadana de Planificación Comunal de Valparaíso, solicitaron a la Contraloría General de la República la modificación de sus Oficios Circulares N°24.143/2015 (que imparte instrucciones para la atención de solicitudes de pronunciamiento jurídico) y N°28.704/1981 (sobre disposiciones y recomendaciones referentes a la eliminación y conservación de los documentos físicos y digitales del Estado).

Puntualmente solicitaron a la entidad Controladora la modificación del Oficio Circular N°24.143/2015 para que se elimine la exigencia de que las consultas de particulares deban referirse a asuntos en los que estos tengan derechos o intereses específicos, individuales o colectivos. En su opinión ello impediría plantear peticiones que afecten a la sociedad toda, como serían aquellas relativas a casos de corrupción.

En relación con lo anterior, el Contralor aclara que en el evento que un denunciante no tenga un derecho o interés comprometido –regla general, corresponde a la Contraloría ponderar si iniciar o no un procedimiento de fiscalización, debiendo considerar para esto “(…) la entidad del hecho denunciado desde la perspectiva del interés público comprometido, la suficiencia de los antecedentes allegados, la proximidad de la denuncia con el hecho y la consecuente posibilidad de que el resultado del procedimiento sea eficaz, la existencia de múltiples presentaciones por parte de un mismo ciudadano, o la circunstancia de encontrarse en curso otro procedimiento de control, entre otros aspectos”.