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Boletín Constitucional Nº15: Y llegaron las elecciones

Ya no queda nada. Este domingo 7 de mayo se celebrarán las elecciones que conformarán el órgano encargado de la redacción de la nueva carta magna.

5 de mayo de 2023

Ya no queda nada. Este domingo 7 de mayo se celebrarán las elecciones que conformarán el órgano encargado de la redacción de la nueva carta magna. Y si bien en los medios ha sido tema de debates, proyecciones, análisis y demás, no hay indicio alguno de que el interés de las personas comunes sobre el proceso haya aumentado. Al menos a quienes sí ha interesado es a la Comisión Experta, quienes continúan con sus labores con un ojo puesto en las elecciones. Algunos piensan que los resultados pueden cambiar el tono de la discusión entre los expertos.

Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.

La elección está a la vuelta de la esquina, pero parece no haber interés alguno. Muchos medios y analistas han intentado explicar las razones. Algunas de las que se repiten son el agotamiento sobre el proceso y, segundo, la importancia de otras temáticas que no se relacionan directamente con la discusión actual. 

Pero, además, algunas críticas han caído sobre el gobierno: el alcance de la campaña informativa lanzada por la Segob fue tardía y limitada. Incluso se sugiere que el Ejecutivo pretende una mayor abstención electoral para obtener un mejor resultado. 

Sin embargo, también han existido reprobaciones a las franjas electorales y las campañas políticas, centradas en seguridad y como si fuera un carrera a un escaño parlamentario. Incluso, en editoriales se ha hablado de una actitud irresponsable.

Ley del péndulo, deslegitimación desde el proceso anterior o desconexión entre las iniciativas presentadas con las demandas ciudadanas son otras de las razones que se han propuesto para explicar este fenómeno.

De hecho, un informe del Consejo Nacional de Televisión advirtió esta semana el mayor desinterés de los jóvenes en este proceso a comparación del anterior. Además, se concluyó que existió menor rating para su estreno que en las ediciones pasadas, y que se evidencia una mayor audiencia femenina que masculina.

Estas señales no son buenos augurios para la participación de los comicios. Pero los llamados a ausentarse o votar nulo es preocupante para la legitimidad del proceso. Muchos analistas, medios e incluso políticos y parlamentarios han salido a defender las votaciones.

El senador Ignacio Latorre (RD) así lo expresó, por ejemplo, señalando que “como partido no estamos por un desmarque”. Pero sí sinceró que «si la derecha más la extrema derecha logran sumar los 3/5», el texto podría quedar «peor que la Constitución del 80», lo que significaría tener que rechazar la propuesta de Carta Magna.

Las declaraciones no cayeron bien en el oficialismo. E incluso significó un desentendimiento con los dichos del senador de Revolución Democrática, todo esto mientras en La Moneda se discutía un “relato común” sobre el proceso. Pero esta no fue la única de las polémicas de este cierre de campañas.

De abuso sexual a narcotráfico: los delitos de algunos candidatos

Ya van, de hecho, varias semanas en las que el proceso constituyente no ha estado exento de controversias. Primero fueron los desacuerdos en la Comisión sobre las enmiendas a los capítulos del anteproyecto. Y ahora que se acercan las elecciones, son los “trapitos que se han sacado al sol” de varios candidatos al Consejo Constitucional.

Partiendo de sur a norte, en la región del Biobío el candidato republicano, Aldo Sanhueza, fue detenido por delitos sexuales en el año 2019. El hecho ocurrió en un bus provincial en la comuna de Penco, momento en que una mujer lo denunció por abuso sexual. Sanhueza fue formalizado por “graves ofensas al pudor”.

En la región de Valparaíso, se encuentra como pretendiente al Consejo Gonzalo Yuseff, quien el 2010 fue nombrado director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, su estancia en el cargo es recordada por las críticas que cayeron sobre él por el manejo del Caso Bombas y los ataques en la Araucanía, uno de ellos en el cual murieron los Luchsinger- Mackay. Finalmente, terminó por presentar su renuncia voluntaria cuatro años después. Además, según fuentes de El Mostrador, ubicar a Yuseff en su oficina era particularmente difícil: se pasaba las horas leyendo en el café Bombay de calle Moneda.

Llegando al norte, en la región de Coquimbo el candidato al Consejo del PC, Fernando Viveros, ha infringido en reiteradas ocasiones la ley 20.000 sobre narcotráfico, aunque en ninguna de ellas cuenta con antecedentes penales. Fue encontrado portando, en dos ocasiones, marihuana. Pero la acusación más grave fue por microtráfico a menores al interior de un recinto penal. En su labor como reinsertor social, Viveros trabajaba con niños con los cuales, según se leía en el informe, tenía vínculos comerciales. Sin embargo, y a falta de antecedentes, fue sobreseído luego de que la fiscalía decidiera no preservar. El PC tenía conocimientos de los hechos.

Pero es la región de Arica la que, sin duda alguna, ha concentrado el grueso de las controversias. Rodrigo Muñoz es abogado y candidato por el PL y, en el pasado, fue condenado por delitos tributarios: en una causa contra Cerro Colorado, recibió un pago de más de 70 millones de pesos que trianguló para no pagar impuestos. Además, en su declaración de patrimonio omitió mencionar su calidad de socio de dos empresas y su calidad de dueño de tres vehículos de alta gama, dos de ellos de colección.

La otra polémica ha sido el escándalo de la candidata Karla Añes (PDG). La aspirante a un puesto en el Consejo Constitucional contaba con inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos tras ser condenada por tráfico de cuatro paquetes de cocaína en el terminal de Santiago. Añes ya había sido condenada antes por el delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades antes del incidente.

En su paso por la cárcel tras su condena por tráfico de estupefacientes, la cual ascendió a los cinco años y un día, Añes fue sancionada por Gendarmería tras portar elementos prohibidos al interior del recinto penitenciario.

Pero eso no es todo. En la campaña del Partido de la Gente, la exreclusa presenta una modificación en su apellido paterno. La última letra se cambió por una “z” para poder participar de los comicios. 

El excandidato presidencial y actual mandamás del mismo partido, Franco Parisi, realizó una invitación a votar por Añes, antes de que se conociera por los medios la polémica. 

Los últimos llamados (y amenazas) a participar

Desde el Servel, su presidente, Andrés Tagle, explicó que según el Art. 17 de la Constitución, la candidata habría recuperado su derecho a ciudadanía tras cumplir condena. Sin embargo, para restituir su ciudadanía y aplicar a cargos públicos, se debe elevar una solicitud al Senado, petición que nunca llegó según comentan desde la cámara alta.

La situación provocó, además de una serie de desmentidos, una serie de tensiones con el Congreso que se vienen arrastrando desde la semana pasada. En una sesión de la cámara baja para explicar por qué habían ocurrido los cambios en los locales de votación, las respuestas del presidente del Servel no fueron bien recibidas por los diputados, quienes quedaron con más dudas que certezas.

La institución liderada por Andrés Tagle ha intentado, sin embargo, dejar las polémicas atrás. Y, esta semana, ha hecho esfuerzos para notificar a los electores sobre las ya inminentes votaciones. Gracias a un convenio con Chile Telcos, más de 20 millones de mensajes telefónicos y 8 millones 400 mil correos electrónicos se han enviado con el propósito de hacer llamados a revisar los datos electorales. Pero la situación se ve adversa.

Prueba de ello son los pocos apoderados de mesa inscritos por los pactos, a diferencia de lo sucedido en las elecciones pasadas. Chile Vamos (o Seguro), por ejemplo, admite que será casi imposible copar los 2.932 locales de votación y 38.665 mesas. Y en el oficialismo no es diferente: si bien existen reticencias aún en Todo por Chile, la idea de fiscalizar las votaciones en conjunto con Unidad para Chile podría ser una realidad.

Por si fuera poco, el mismo Servel y los Juzgados de Policía Local han explicado que, de no pagar la multa por no asistir a votar, el elector se arriesga a un día de reclusión nocturna. La medida generó algo de consternación en algunos parlamentarios, y el debate sobre su aplicabilidad en el futuro ya es fruto de debate entre algunos parlamentarios.

En este contexto, sin embargo, y a diferencia de los análisis electorales, Servel proyecta una alta concurrencia a las urnas. Tomando en consideración la cantidad de consultas por los datos electorales en su página web, que llegó a casi los doce millones de visualizaciones, el presidente del organismo aseveró que no sería raro llegar a un número similar de participantes de las que hubo para el plebiscito. Pero eso está aún por verse. 

Las reacciones tras la parodia

La última gran controversia de la semana fue la parodia del exmandatario, Sebastián Piñera, en la franja de Unidad para Chile. Sin mostrar su rostro, y con su habitual vestimenta de terno y corbata, el expresidente repasa en un diario los escándalos de corrupción de la derecha cuando, tras dejar su oficina, una trabajadora de aseo detiene el tocadiscos que hasta entonces sonaba: “¿Y si cambiamos la musiquita?”. 

El video termina sentenciando: “que no te hablen de seguridad los que han sido perfectos bandidos”. Como era de esperar, personeros como el exministro Jaime Bellolio, el secretario general de RN, Diego Schalper, y su presidente, Francisco Chahuan, salieron a criticar la obra audiovisual. 

Desde Unidad para Chile, explicaron que el giro en su campaña se debe a darle un tono más incisivo y directo, con el objetivo de que la ciudadanía no olvide todos los casos de corrupción. Sin embargo, la pieza audiovisual generó críticas incluso desde el socialismo democrático.

Al otro lado, y en una intento por levantar la campaña política de la centro derecha, Chile Seguro mostró en sus spots de los últimos días de franja a sus cartas mejor evaluadas: los alcaldes Evelyn Matthei (UDI), Rodolfo Carter (Ind.) y Germán Codina (RN). 

El ocaso de las campañas

Estos fueron los últimos esfuerzos para poner punto final a unas deslucidas campañas que terminaron este jueves. Y, en esta última “última patita”, los partidos terminaron sus despliegues por las distintas regiones del país en también deslucidos actos de cierres

Chile Seguro nunca tuvo pensado hacer actos conjuntos, pero sí un último intento en captar electores. Renovación Nacional, mediante los mismos Chahuan y Schalper, realizaron un despliegue por Iquique. Por su parte, la UDI también apostó a realizar actos territoriales. Gloria Hutti, presidenta y candidata de Evópoli, prefirió realizar un cierre de campaña austero, con su propio equipo y voluntarios.

Fue tal vez el partido Republicano el que realizó un cierre similar al que estamos más acostumbrados. José Antonio Kast siguió con su recorrido por diversas regiones para fortalecer los rostros locales y la presencia en los medios. Y, dentro de su gira por el norte, participó en Arica en mítines y actividades donde, como mostró a través de RRSS, denunció la caótica situación migratoria.

De hecho, hay quienes han visto en este despliegue una forma de captar electores en los reductos del Partido de la Gente. Prueba de lo anterior es la fotografía que destacó en los medios, donde aparece el fundador del Partido Repúblicano dialogando con una mujer venezolana que aspira volver a su país.

Por otro lado, Unidad para Chile estuvo por separado, donde cada candidato hizo propio acto de cierre en sus zonas fuertes. Todo por Chile, también tuvo sus propios “banderazos”, pero al igual que las otras coaliciones no fue con bombos y platillos.

Pero también fueron los candidatos quienes aprovecharon esta última semana para entregar sus últimas ideas y propuestas.

Camila Miranda, candidata al consejo por Comunes, sostuvo que el principal problema respecto al Sistema Político es la fragilidad en la que están los derechos de las mujeres. En esa línea, sostuvo en una columna de opinión que ejemplos como el de Antonia Barra o Fernanda Maciel deben ser principios orientadores de la reorganización del enfoque de género en la justicia, siendo necesaria la elevación a rango constitucional. 

Por su parte, Yerko Ljubetic, candidato por Convergencia Social, destacó que el problema del Sistema Político está en los temas de gobernabilidad. Además, en el contexto del día del Trabajador, expresó que es una necesidad priorizar los derechos laborales.

En cambio, el candidato del Partido Republicano, Hector Urbán, sinceró que su sector nunca quiso este proceso, pero que tienen “el derecho y el deber de defender nuestras ideas”. Explicó que su principal misión no es boicotear el proceso, sino evitar que las propuestas rechazadas en septiembre pasado vuelvan a imponerse.

Incluso hubo candidatos que recibieron apoyo internacional. La diputada española y presidenta de Vox-Madrid, Rocío Monasterio, elogió a Macarena Bravo, quien compite por Republicanos en la Región Metropolitana. En un video subido a RRSS, Monasterio sostuvo que tuvo la oportunidad de conocerla en Madrid en un programa de jóvenes líderes.

Alguien quien recibió un apoyo no esperado fue el ex ministro y militante DC, Andrés Palma: nada más ni nada menos que el padre del actual presidente. Luis Boric Carpa explicó que, si bien no vota en Santiago, de hacerlo apoyaría su candidatura. Si bien existen algunos nexos entre ellos, el mismo Palma, aunque agradecido, se mostró sorprendido, pues no lo conoce personalmente.

El auge republicano

Lo hecho, hecho está. Y si bien aún existe lejanía de la ciudadanía con el proceso y las elecciones, las proyecciones sobre los rendimientos electorales ya dan claras tendencias de lo que podría suceder este domingo.

Casi no hay dudas en que el Partido Republicano será el gran ganador de la noche. La colectividad espera alzarse como el partido hegemónico de la oposición, y ser el partido que más votos obtenga individualmente. Según sus propios cálculos, la tienda espera conseguir al menos cinco convencionales, pero ese número podría llegar incluso a los diez.

El gran perjudicado serían los partidos de Chile Seguro. Así se analizó en la cita entre Chile Vamos y el exmandatario, Sebastián Piñera. La preocupación se centró en cómo es que Chile Vamos y el Partido Republicano lograran acuerdos dentro del Consejo. Y es que el grueso de los candidatos y actuales integrantes del proceso de los sectores de derecho han participado en alguno de los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

Para el sector ya es casi un hecho que la arremetida del Partido Republicano terminará a la UDI con el voto de la derecha más dura. Aunque desde el gremialismo creen que un buen resultado podría marcar un precedente en su liderazgo en el sector.

Este sabor agridulce también lo comparten los otros partidos de la coalición. Renovación Nacional (RN) buscará defender su posición como el partido más grande de Chile Vamos, a la par de que los comicios pueden marcar el futuro del senador Francisco Chahuán como presidente de la tienda: este año celebran elecciones internas con una fuerte disputa de la senadora Paulina Núñez. Y Evópoli empeñará su proyecto como “derecha liberal” y el liderazgo de la misma Gloria Hutt en estas elecciones.

Las expectativas del sector, en definitiva, oscilan entre los 15 y 18 escaños. Pero también hay otro elemento que genera inquietud en la centro derecha: el Partido de la Gente.

El rendimiento de la colectividad de Franco Parisi es aún un misterio. La aparición de figuras como Pamela Jiles, las controversias de Añés, o la fragmentación que viven en el partido son elementos que sus mismos militantes no saben el real impacto que podría a llegar a tener en los comicios. Sin embargo, sus predicciones están entre los tres y cinco escaños.

Los candidatos con mayores posibilidades de ser electos son Sergio Ríos por Arica, Astrid Abarzúa por la región de Biobío y Lilibeth Huerta por Coquimbo. Sin embargo, algunos expertos creen que podría darse una paradoja: tener muchos votos pero solo 1 o 2 convencionales. 

Quienes sí han prestado su apoyo a Chile Vamos han sido fuerzas políticas en etapas de gestación: Amarillos por Chile y Demócratas.

El partido fundado por Cristián Warnken dió libertad de acción para apoyar a figuras desde el Socialismo Democrático hasta Chile Vamos, donde Jaime Ravinet es su gran favorito. Y, en el caso de Demócratas, los apoyos han estado en Jaime Ravinet y Luigina Pruzzo (ambos de Evópoli), y también Ximena Rincón que entregó su apoyo a Juan Sutil (Ind-RN).

También uno que otro militante de estas colectividades entregó su apoyo a la ex concertación, agrupada en la lista de Todo por Chile. Desde el pacto no aspiran a mucho. Las elecciones pondrán a prueba el poder real, sobre todo, del PPD, que algunos ya vislumbran como insignificante. De hecho, conseguir cinco escaños sería optimista según algunos analistas, y algunos ya plantean que fue un error ir en listas separadas.

Lo anterior genera preocupación en la izquierda. De no conseguir 21 escaños, la izquierda no podría tener el poder de veto dentro del Consejo. De hecho, Lautaro Carmona, Secretario General del PC, declaró que sería una derrota no tener más de 21 consejeros. 

La lista de Unidad para Chile espera ser la más votada y obtener más de 18 escaños. Pero por sí solas no basta para alcanzar el número mágico. Y por si fuera poco, han existido diferencias entre el Partido Socialista y Comunista con el Frente Amplio. 

Ahora bien, existen diferentes visiones sobre el rendimiento electoral de cada partido. Los socialistas aspiran a obtener, en el mejor de los casos, cinco o seis consejeros y, así, consolidar su peso en el gobierno; o también podría sufrir una derrota que condicione sus futuras elecciones. Revolución Democrática (RD) aspirara, al menos, a duplicar el cupo senatorial de Juan Ignacio Latorre y Convergencia Social (CS) a alcanzar los tres escaños sería un gran logro. El partido que no aspira a replicar lo sucedido en la Convención es el PC.

Llegar a los 21 escaños es una tarea que se ve cada día más difícil para el oficialismo. Y, de hecho, ya hay varios indicios que así lo auguran. Los mercados bursátiles han estado particularmente tranquilos de cara a las elecciones. En parte por las bajas expectativas con este proceso y, también, por la eventual elección de candidatos moderados y no reformistas. 

Sin ir más lejos, en el mismo Ejecutivo ya se comienza a asimilar la idea de una derrota el próximo domingo. El presidente Gabriel Boric se ha mantenido lo más alejado al proceso para evitar que su figura se asocie a una eventual derrota oficialista. 

Pero otra de las preocupaciones del ejecutivo es la arremetida Republicana. Desde el gobierno han mostrado preocupación por una eventual derrota de Chile Seguro, sector denominado como la “derecha democrática” y con quienes se considera es más posible lograr consensos.

Las únicas acciones previstas para el domingo en el Palacio de la Moneda son la activación de un comité operativo desde temprano, y que estará liderado por el subsecretario del interior, Manuel Monsalve. Mientras que a eso de las 17:30 horas, se dará paso a un comité político para analizar los resultados de estas elecciones.

Las elecciones en la Comisión Experta

El ruido de las elecciones incluso llegó hasta los pasillos del ex Congreso. Con las predicciones de estos últimos días, comisionados de oposición han mostrado preocupación sobre el impacto que un mal rendimiento del oficialismo podría tener en el diálogo del proceso. 

De hecho, en la sesión, el comisionado Máximo Pávez (UDI) sinceró las aprehensiones, y pidió que el oficialismo mantuviera su compromiso de llegar al mejor de los acuerdos posibles. Y no solo eso. En una reunión sostenida por la oposición en la tarde de aquella jornada, los comisionados reflexionaron sobre qué hacer en caso de que la derecha alcanzara los 3/5 del Consejo: mantener el “perfil de expertos” y entregar el “mejor anteproyecto posible”.

La suspicacia de la oposición era algo que se fue evidenciando con la publicaciones de encuestas. De hecho, la también comisionada con cupo de la UDI, Natalia González, declaró en una entrevista que sería impresentable que el resultado de las votaciones del 7 de mayo desembarcaran a la izquierda de su compromiso con el proceso.

En el oficialismo descartan de lleno que algo así pueda suceder, pero sí creen que un mal resultado electoral los haría trabajar a contrarreloj para dejar amarrados ciertos temas fundamentales. Y no solo los comisionados.

Diferentes personeros de la izquierda y centro izquierda han salido a defender el actual proceso. El pronóstico no es auspicioso, pero deslegitimarlo podría ser incluso perjudicial para el gobierno del presidente Gabriel Boric. 

Sea como sea, y si bien hasta ahora la Comisión había intentado abstraerse de la contingencia, las elecciones no solo trajeron consigo las dudas sobre el funcionamiento del órgano después del 7 de mayo, sino que también trajo consigo urgencias en las discusiones.

Uno de ellos es la llamada paridad de salida. El próximo Consejo Constitucional estará integrado por 25 hombres y 25 mujeres. Para dichos propósitos, y en caso de existir una asimetría con esta proporción, la fórmula podría reemplazar a candidatos electos para mantener los guarismos. El funcionamiento es visto con detención por los expertos, pues una norma similar impulsa el oficialismo para la composición del Congreso, algo resistido por la oposición.

Otra medida impulsada por el oficialismo y resistida por la oposición son los escaños reservados para pueblos indígenas. Mientras los primeros impulsan una indicación que establece un número en base a su proporción nacional en el Congreso, los segundos han mostrado reticencias tras lo sucedido en la pasada Convención Constitucional. El mecanismo de este Consejo, que otorga cupos por cantidad de participación de los pueblos indígenas, es otro elemento que los comisionados tendrán en consideración. 

Estas dos temáticas son una de las muchas que los mismos expertos no creen poder consensuar. A estas se suman la provisión mixta en la salud, la norma sobre el derecho de aguas, el derecho a la huelga, el sistema electoral y los derechos reproductivos. De hecho, ya en la Comisión se habla de la posibilidad de que sea el Consejo Constitucional el órgano encargado de su redacción. Y es que las diferencias entre lo propuesto por un lado y otro son, en estos casos, difíciles de conciliar, al punto de que tanto oficialismo como oposición han determinado líneas rojas. 

Por un lado, en el oficialismo tienen claro que su principal objetivo es, en caso de obtener un mal resultado electoral, establecer una “Constitución habilitante”, una que no declare inconstitucional alguna de sus ideas -como la paridad-, o que permita que sea el congreso el que legisle sobre materias como el derecho a la salud.

Por el otro, los comisionados de la oposición acordaron, primero, insistir al oficialismo respetar los acuerdos alcanzados durante la primera etapa y, segundo, “no retroceder en ninguna libertad”, algunas concretas y otras más abstractas como el principio de servicialidad del Estado y la autonomía de las “agrupaciones sociales”: ambas consideradas como bases del principio de subsidiariedad

Sin embargo, el panorama no se vislumbra alentador. Si bien el tono dentro del órgano se ha mesurado, a diferencia de lo que sucedía hace un par de semanas, aún existen roces entre las relaciones. Y, de hecho, el experto del PPD, Francisco Soto, sostuvo el fin de semana pasado que existe una actitud “poco dialogante” y a veces “prepotente” por parte de la derecha en temas como derechos sociales o sistema electoral.

La (corta) semana de las subcomisiones

Sea como sea, el trabajo de los expertos no para. Y aunque haya sido “semana corta”, las subcomisiones estuvieron avanzando en la discusión de sus respectivos temas.

El día martes por la mañana, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), expuso ante el pleno de la Comisión Experta. Su intervención estuvo marcada por su felicitación al nivel y tono de la discusión del órgano, así como sus aprehensiones al régimen político, específicamente en listas cerradas, remoción de parlamentarios que sean expulsados de sus partidos, paridad de salida. 

Luego, por la tarde, las diferentes subcomisiones sesionaron. La “sala de máquinas” continuó ahondando en el capítulo 3, y la discusión estuvo centrada en la responsabilidad de los partidos a la hora de evitar la polarización, respetar los DD.HH y rechazar la violencia; y el sufragio en menores de edad, algo que aún la instancia no logra consensuar.

A la par, en la subcomisión de Derechos Económicos expusieron Sebastián Donoso y Juan Carlos Cayo, dos abogados expertos en asuntos indígenas y actuales consejeros del (INDH), sobre los alcances que podrían tener las 3 indicaciones presentadas sobre el tema. Sostuvieron que dos de ellas son innecesarias, y que la Consulta realizada por la pasada Convención no es válida para la actual. Pero no fueron los únicos expositores.

La subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos recibió al Fiscal Nacional para dar el puntapié inicial a la discusión del Capítulo IX: Ministerio Público. En la sesión, destacó la importancia de la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos, encargada de la persecución de delitos dentro del Ministerio Público; pero también señaló que “podría debilitar normas internas y debilitar investigaciones en curso”.

Otro tema que debe ser acotado para el prosecutor nacional es el Consejo Consultivo, órgano que debería estar limitado a ámbitos externos al Ministerio Público. Pero si mostró acuerdo con la creación de una Fiscalía Supraterritorial y de alta complejidad.

También la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales recibió a dos académicos el día miercoles: la economista Cecilia Cifuentes, directora del ESE Business School de la Universidad de los Andes, y el abogado Hugo Cifuentes, doctor en Derecho de Seguridad Social y académico de la Universidad Católica.

Los invitados fueron citados para hablar sobre seguridad social. Cecilia Cifuentes propuso mantener el sistema de capitalización individual, adaptando una regulación de la seguridad social al entorno cambiante. Mientras, el académico de la Universidad Católica, sostuvo que la seguridad social es un Derecho Humano, y que una de las enmiendas que entrega “prestaciones suficientes” puede ser problemática por no establecer un tope.

La otra gran discusión del día estuvo en la subcomisión de Sistema Político, que revisó las iniciativas populares de ley y derogación. Si bien existe cierto consenso en la instancia sobre su utilidad, el porcentaje de personas necesario para presentar las mociones aún es fruto de debate. Por ejemplo, mientras el oficialismo busca mantener el umbral del 2% para las iniciativas de ley, la oposición busca elevarlo al 4%.

Otro tema sensible que tocó la “sala de máquinas”, pero ya el día jueves, fue la subordinación al poder civil de las Fuerza Armadas y su rol frente al orden interno. En específico, la sesión se centró en la discusión de la enmienda que establece que “el personal de las FFAA no deberá obediencia a las órdenes que lesionen la dignidad humana”. Mientras en el oficialismo defienden la indicación como un forma de limitar el uso del monopolio de la fuerza, en la oposición creen que la norma es redundante, pues se entiende que toda persona y órgano está bajo el amparo de la constitución.

La subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, en tanto, ese día inauguró el debate sobre la nueva Corte Constitucional. Para dicho propósito, los comisionados recibieron a cinco académicos, sumada a la actual presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez. 

Si bien sus integrantes parecen tener acordado la eliminación de uno de los elementos más controvertidos del actual TC, el Control Preventivo, permitiendo ahora su pronunciamiento cuando haya “vicios de procedimiento”, los resquemores de los comisionados y académicos están, primero, en la formación de la sala del tribunal y, segundo, en la politización que el órgano ha sufrido en los últimos años.

Otra subcomisión que recibió a especialistas aquel jueves fue la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el marco de la discusión sobre el derecho a huelga. El disentimiento de los comisionados y académicos está en si el derecho debe o no estar sujeto a la negociación colectiva.

El oficialismo defiende que el derecho a la huelga no esté supeditado a ningún otro tipo de condicionante, algo que compartió una de las expositoras de la sesión, la profesora y abogada de la Universidad Católica Romina Urzúa. Sin embargo, desde la oposición sostienen que este es un mecanismo que justifica la movilización y que no se hace por mero capricho: busca objetivos concretos. 

Derecho v/s libertad de elección

Otra de las grandes discusiones que debe zanjar la Comisión Experta está en los derechos sociales, específicamente sobre salud. Y si bien los comisionados de la subcomisión de Derechos Sociales -encargados de su discusión particular- no trataron esta semana el tema, el debate sobre la compatibilización entre las libertades y los derechos si ha copado los medios.

En las páginas de El Mercurio, los senadores Chahuán (RN), Kast (Evópoli) y Macaya (UDI) publicaron la semana pasada una propuesta para la creación de una reforma al sistema de salud bajo los siguientes principios: universalidad, libre afiliación y participación de prestadores privados y públicos. Pero, a ojo de algunos, existe una contradicción en la propuesta.

El principio de universalidad asegura la libertad de igual acceso a la salud. Me parece que la libre elección entre prestaciones públicas y privadas coarta esa libertad”, argumentó Renato Cristi en las mismas páginas del “Decano”. Desde entonces el tema escaló, y ha estado en discusión en las páginas del “Decano” y de otros medios.

Tanto fue así que, incluso, al mismo senador Macaya (UDI) se le publicó una nueva carta al director, donde explicó que la reforma viene a replicar los modelos de países desarrollados, “donde el sector público y el privado compitan en igualdad de condiciones y, cuando sea necesario, se complementen”.

Si bien en principio esta discusión puede parecer ajena a materia constitucional, y más cercana a una reforma de políticas públicas, los alcances de actores estatales y privados es algo en lo que aún no hay acuerdo dentro de la Comisión Experta, y que ha traído álgidos debates. Esta falta de acuerdo ya ha sido advertida por algunos académicos, quienes han sostenido que una anticipada clausura del debate puede ser perjudicial para el proyecto constitucional. 

Esta controversia, sin embargo, se enmarca en una discusión mucho más abstracta o teórica: la compatibilización entre el Estado Social y el principio de subsidiariedad en los derechos sociales. Para algunos comisionados, la idea de constitucionalizar actores privados es impresentable, aunque no lo sea su posterior regulación por ley. 

También, la misma discusión se espera que tome lugar en, por ejemplo, el derecho a la educación, más precisamente en la libertad de enseñanza. Algunas de las indicaciones ingresadas por el oficialismo han intentado incluso suprimir el literal que resguarda este principio, indicación que ha sido criticada por algunos académicos.

Ojo con la paridad, la interpelación y la sustitución de parlamentarios

Las discusiones de la Comisión Experta, por obvias razones, pasaron a segundo plano durante esta semana. Sin embargo, hay quienes han criticado los alcances del Estado Social y Democrático de Derecho en el anteproyecto. Este es un tema de no acabar, al menos no en el corto plazo. Lo mismo ocurre con el sistema electoral, las listas abiertas o cerradas, la eliminación o no de pactos políticos y un larguísimo etcétera. 

Lo que algunos expertos ven como más grave es, tal vez, el desinterés hacia el trabajo en particular de la Comisión Experta, pese a la relevancia de su discusión. En este sentido, no vaya a ser que su anteproyecto sea rechazado por la ciudadanía de no revertir la situación.

El porqué del desinterés está, obviamente, estrechamente relacionado a la desafección en general con el proceso. Sin embargo, también hay elementos particulares dentro de la Comisión Experta que han hecho alejarse a las organizaciones sociales, o incluso declaraciones particulares.

Hugo Alcaman, presidente de Enama, cuestionó los dichos de la comisionada Natalia González (UDI) sobre la indisponibilidad para consagrar escaños reservados para Pueblos Originarios. En este contexto, el dirigente identificado con la centro derecha pidió “respetar y valorar” sus derechos y culturas.

Otro tema que hay que prestar atención son las modificaciones al nombramiento de los sustitutos de aquellos parlamentarios que hayan dejado el cargo. La llegada a la Segob del exsenador Alvaro Elizalde (PS) revivió el debate por los mecanismos de suplencia. 

Actualmente, la vigente Constitución señala que será el Partido Político del que militaba el que tendrá que decidir qué hacer con el cupo, algo que va en línea con la idea de empoderar a las colectividades que defienden el grueso de los comisionados. 

La oposición impulsa una medida para que sean los órganos internos del partido quienes decidan, mientras que el oficialismo presentó una indicación para que el sustituto sea del mismo sexo, que se complementaría con las otras normas de paridad. Sin embargo, desde la izquierda sostienen que no es un tema cerrado. Lo que sí prácticamente es un hecho es que la idea de elecciones complementarias está casi desechada.

Otro hecho del mundo político que hay que seguir a detalle es la interpelación que Chile Vamos prepara contra la ministra del interior, Carolina Toha (PPD). En este sentido, mucho se ha hablado de cómo, en el fondo, este no fue más que un acto de campaña de la oposición. Eso estará por verse con la relevancia que tome o no en las próximas.

Finalmente, hay que recordar que, el Consejo Constitucional, al igual que en el proceso pasado, contará con el principio de paridad de salida. En otras palabras, estará compuesto por 25 mujeres y 25 hombres, logrando un total de 50 miembros, que deberían llegar a acuerdos para entregar el borrador de una nueva Carta Magna.

Lo anterior significa que, de haber asimetrías, podrían haber correcciones. No bastará simplemente esperar los resultados de las votaciones, sino también conocer si acaso existirán modificaciones por el principio de paridad para conocer la composición final del Consejo. Así, mejor aguardar hasta que el Servel (o incluso el Tricel) ratifique a los candidatos electos para celebrar (o no).

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