La Superintendencia de Medio Ambiente, en cumplimiento a su deber de protección de la salud de las personas y el medio ambiente, formuló cargos contra la “Minera Júpiter Primera” ubicada al interior de la Estación experimental Agronómica Germán Greve Silva de la Universidad de Chile, en la comuna de Maipú, por incumplir con la normativa ambiental.
Esta exige a todo proyecto minero en el que se realice extracción de áridos y/o greda en nivel igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales, o a 100.000 metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarque una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas, someterse al sistema de evaluación ambiental (SEA), el que debe autorizar su funcionamiento y fijar las condiciones en que puede operar.
El proyecto consiste en extracción de áridos, con más de 100.000 metros cúbicos totales de material removido en pozo lastrero ubicado al interior del fundo La Rinconada de Lo Espejo, que abarca una superficie superior a 5 hectáreas, razón por la cual debía someterse al SEA.
La Superintendencia, en ejercicio de su potestad fiscalizadora concurrió a la minera a verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, donde comprobó que opera sin contar con la autorización requerida, lo que no permite tener control de los impactos ambientales, considerando que se emplaza en un “Área de valor natural y/o de intereses silvoagropecuario”. Las fiscalizaciones “dan cuenta de la reducción, compactación, fragmentación y pérdida irreversible del suelo. Lo anterior, está dado por los efectos sobre el componente suelo con características agrícolas de preservación, donde el grado de perturbación es absoluto o total, en vista de que se verificaron áreas con eliminación total de la cobertura vegetal, afectando a su estructura y composición física, extracción total de los primeros horizontes del sustrato, volatilizando el carbono almacenado y reconfigurando sus propiedades químicas. Además, la extracción generó el afloramiento de aguas subterráneas, ocasionando pérdidas en el balance hídrico del sistema y pérdida de microbiota de dicho territorio y sus respectivos servicios ecosistémico”.
En vista de ello, la SMA decidió formular un cargos contra la Minera, calificados como gravísimo, por lo que se expone a una multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $7.400 millones de pesos.
La formulación de cargos por la SMA da inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio, que le da la oportunidad a los infractores para que, en un plazo de 10 días presenten un Programa de Cumplimiento para cesar o mitigar las emisiones, o bien, 15 días para formular descargos ante la Superintendencia, tras lo cual continúa el proceso sancionatorio.
Vea texto de la Resolución Exenta N°1 / ROL D-068-2023 de la SMA.