Lo sucedido en los comicios del pasado domingo reordenó el panorama político, pero también constitucional. El avasallador triunfo del Partido Republicano dejó en una posición incómoda a la derecha tradicional y sin poder de veto a la izquierda. Ante este panorama, cada pacto comienza a delinear sus estrategias, y la Comisión Experta a tomar más relevancia: será la “última esperanza” para alcanzar acuerdos transversales.

Todo esto y más en una nueva edición del boletín constitucional.

 

Aplastante e inesperada. Esas son las dos mejores palabras que describen la victoria electoral del Partido Republicano. Y es que, de hecho, ni siquiera en la misma colectividad tenían fe de conseguir un resultado así de rotundo. Sus predicciones eran más bien modestas, aspirando a obtener nada más que cinco escaños en sus pronósticos más conservadores. Solo en el mejor de los casos aspiraban a obtener 15 puestos en el futuro Consejo Constitucional. Pero la realidad, a veces, supera la ficción.

Para el grueso de los analistas electorales, era prácticamente un hecho que el Partido Republicano tendría un buen rendimiento electoral. E incluso algunos anticiparon que sería la colectividad individual más votada. Pero nadie creyó que podrían alcanzar 23 escaños, ser la colectividad que más cantidad de votos consiguió desde la vuelta de las elecciones populares en 1989 (con 3 millones 400 mil escrutinios a su favor) y tener poder de veto dentro del futuro Consejo sin depender de otro partido.

 

El ascenso del Partido Republicano

Dentro de los 23 escaños que consiguió en el nuevo órgano hay de todo: consejeros muy distintos unos con otros, con pasados y discursos diferentes, pero con una ideología en común. Algunos son el veintañero Miguel Rojas, “el profesor” Luis Silva o la consejera de origen aymara Ninoska Payauna.

Pero, ¿cómo un partido conformado hace menos de cinco años llegó a ser el más votado? Los republicanos niegan que sea una victoria circunstancial o gracias al contexto securitario que vive el país. Es más, su estrategia metódica es lo que los llevó al triunfo, según sostienen. Desde cursos de formación online para sus militantes, hasta un grupo de dirigentes que analizaba día a día el escenario electoral. Además de su fundador, José Antonio Kast, en giras a lo largo de Chile, y que terminaron por dar réditos.

No fue en las comunas más ricas donde el partido ultraderechista logró más votos, sino que precisamente en los sectores populares. Un análisis de la Facultad de Gobierno y Faro UDD destacó el apoyo que recibió el partido en comunas como Colchane, Ercilla y Lebu. De acuerdo a los investigadores, los sectores con más conflictividad y población evangélica, son las principales comunas patrocinadoras de la colectividad.

 

Controversias republicanas 

Sin embargo, el partido ha estado lejos de estar exento de polémicas, algunas de ellas bastante graves. Incluso antes de las elecciones comenzaron a surgir controversias delicadas, como la denuncia por abuso sexual en 2019 de Aldo Sanhueza, consejero electo por la región del Biobío. Ante las críticas que se generaron, sobre todo en redes sociales, Sanhueza presentó su renuncia al Partido Republicano. Sin embargo, aún sigue siendo parte del Consejo Constitucional. De quererlo, podría renunciar a su escaño.

Pero eso no es todo. La colectividad suma otro consejero acusado de acosar sexualmente a sus alumnas. Se trata del doctor Carlos Solar, electo por la región de Antofagasta y quien, además, rechazó las imputaciones en su contra. Cabe destacar que el médico fue formalizado en el 2006 por manejar en exceso de velocidad e insultar a Carabineros.

A raíz del tenor de las denuncias, varias organizaciones feministas se han pronunciado al respecto, argumentando que es impresentable que el Partido Republicano haya presentado candidatos con ese tipo de conductas.

Por otro lado, el candidato más votado de las elecciones, “el profe Silva”, no estuvo exento de controversias. Su hermano, el cineasta Sebastián Silva, lo tildó de “peligro nacional” en una publicación de Instagram. Mensaje que fue compartido además por su hermana Valentina Silva. Al respecto, el candidato electo explicó que le apena que sus hermanos piensen de esa forma de él, pero que, por su parte, el cariño sigue intacto hacia ellos.

 

Las 12 bases constitucionales

Otra de las controversias ha estado en la línea ideológica y programática del propio Partido Republicano. Johannes Kaiser, diputado republicano, creó incomodidad dentro y fuera de su coalición luego de expresar que no debían por qué respetar las bases institucionales.

No es secreto que una de las grandes disconformidades de la colectividad es aquel punto que consagra un Estado Social y Democrático de Derecho. Sin embargo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, contradijo a Kaiser y aseguró que como coalición respetarán las normas establecidas. A esta posición se sumó también el vicepresidente de la tienda y ex convencional, Martín Arrau, quien aseguró que los republicanos se caracterizan por respetar la institucionalidad.

La polémica generó desazón en Chile Vamos, quienes no estuvieron de acuerdo con los dichos del diputado. A través de Twitter, el senador Iván Moreira (UDI) se mostró contrario a la posibilidad de generar una alianza junto al Partido Republicano para establecer una mayoría absoluta en el órgano constitucional. Aseguró que su partido no se “arrodillará”. También, la integrante de la Comisión Experta, Katherine Martorell (RN), sostuvo que las bases deben ser defendidas y protegidas.

Luego del impasse, el partido mantuvo un cónclave en Casablanca para alinear posturas y roles que tendrán los consejeros dentro de la creación de la nueva Constitución. En esta cita, además, se planteó la posibilidad de unir fuerzas con Chile Vamos, con quienes podrían alcanzar total control del Consejo incluso si fuesen los 22 escaños que en principio consiguió la tienda, y que han generado una polémica que parece todavía no acabar.

 

Un consejero más, ¿qué más da?

La disputa por un escaño más o un escaño menos tras resultados tan contundentes puede parecer, en principio, anecdótica para el Partido Republicano. De formar una alianza con la derecha tradicional, agrupadas en Chile Seguro, las fuerzas de derecha llegarían hasta los 33 escaños dentro del Consejo, es decir, más de los 3/5 necesarios para aprobar normas e indicaciones. Pero, de asegurar ese escaño adicional, la posible alianza podría alcanzar los 2/3 del Consejo (34 integrantes) y, de esa forma, poder hacer y deshacer normas como se le plazca en la etapa final del proceso.

Según las reglas, luego de que el Consejo Constitucional emita su propuesta de constitución, la Comisión Experta tendrá que elaborar un informe con observaciones sobre el texto. Aquellas que alcancen el 3/5 de los votos favorables del pleno del Consejo se entenderán aprobadas; aquellas que alcancen el 2/3 de los votos en contra se entenderán rechazada; y aquellas que no logren ni lo uno ni lo otro serán revisadas por una Comisión Mixta que tendrá que discutir, modificar y presentar una nueva propuesta de indicación. Así, las fuerzas de derecha podrían aprobar o desechar cualquier tipo de observación hecha por la Comisión Experta.

No es para menos. Ese escaño de más daría control absoluto a las fuerzas opositoras del proceso constituyente. Y todo por una decena marginal de votos.

El pequeño “error de tipeo” del Servel a una mesa electoral de Colchane otorgó en principio un escaño a Comunes (Romina Ramos) y otro al Partido Republicano (Ninoska Payauna) por la Región de Tarapacá. Sin embargo, la corrección de los datos de la en la mesa 1 del Liceo Técnico Profesional de Colchane, donde votaron solo 201 personas, significó un cambio radical en el recuento global de la circunscripción: la colectividad liderada por José Antonio Kast logró duplicar en sufragios a Unidad para Chile y, así, los dos candidatos electos por la región resultaron ser del Partido Republicano.

Conscientes de su relevancia y del estrecho márgen de diferencia, el presidente de Comunes anunció el mismo día lunes una petición formal al Servel para realizar un recuento de sufragios en la región.

 

Unirse o diferenciarse: el dilema de la derecha tradicional

Por esa razón, un posible pacto entre el Partido Republicano y Chile Seguro puede ser la pieza esencial. Pero la gran duda es si acaso podrán llegar a acuerdos. Aún no hay respuestas concretas, y con voces a favor y en contra. En este sentido, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandon, expresó que como partido deberán “tender puentes” con el partido de José Antonio Kast, pero sin abandonar sus principios.

Por el lado de la coalición republicana, Antonio Barchiesi, consejero electo por la región de Valparaíso, concuerda en que, a pesar de que son proyectos políticos distintos, se podría avanzar en acuerdos. Sin embargo, sostiene que es difícil concretar una alianza electoral de cara a los comicios municipales.

La gran piedra en el zapato es si el Partido republicano apoyará o no una nueva Carta Magna. La colectividad desde siempre demostró que no era partidaria de crear una nueva Constitución. Pero, por otro lado, Chile Vamos ha sido un defensor del nuevo proceso. Pero su posición ha quedado muy debilitada.

Lo anterior lo ejemplifica la preocupación que existe hoy en el Gobierno. Conscientes de su debilitada posición para guiar proyectos de ley claves que pretenden impulsar, como la reforma tributaria y previsional, el ejecutivo sabe que solo será a través de acuerdos con la “derecha democrática” que podrá impulsar proyectos de ley clave. De ahí su preocupación en cómo los resultados de Chile Vamos afectarán su disposición a encontrar acuerdos.

La lista solo obtuvo 11 escaños, caras largas y problemas internos. Si bien desde Chile Vamos anticipaban que el Partido Republicano tendría un mejor rendimiento en desmedro de su coalición, nunca pensaron que sería una victoria tan rotunda. Pero, al menos en un comienzo, su línea programática parece no haber cambiado.

En su discurso post-elecciones, los dirigentes de los partidos tradicionales defendieron el apoyo irrestricto que dieron a un nuevo proceso constitucional, pero que, según algunos, ha sido una de las principales razones que explican la debacle de la “derecha democrática”.

La única certeza dentro de la coalición es que el resultado es el puntapie de una reconfiguración del sector. Por un lado, y tras ser el partido más golpeado de Chile Vamos, Renovación Nacional clarificó que, primero, las elecciones internas se realizarán el próximo 19 de agosto y, segundo, que se llevará a cabo un congreso dentro del partido para definir la línea ideológica del partido. La colectividad, que esperaba conseguir alrededor de 11 consejeros, sólo alcanzó cuatro. El liderazgo de la directiva quedó en entredicho, sobre todo la de su presidente, Francisco Chahúan.

En la antesala de las elecciones existieron dos errores que muchos dentro de la tienda califican de grave: que Chahuan se haya abierto a la idea de que sea un ente público el que administrara las pensiones y, más recientemente, haber dicho que los comicios eran un plebiscito a la gestión del gobierno.

Sin embargo, el rol que tendrá este partido dentro del futuro Consejo Constitucional aún está en veremos. Son dos las alternativas que maneja el conglomerado. Lo mismo ocurre con Evópoli y la UDI. Por un lado, Chile Vamos podría ceder las iniciativas al Partido Republicano, quien no goza con los tres quintos necesarios para levantar artículos y normas. Pero, por otro, podría tener un rol bisagra para propiciar amplios acuerdos. Y si bien esta última idea gusta en los dirigentes por la posibilidad de posicionarse como una lista que coadyuva acuerdos, es un hecho que se tendrán que recomponer relaciones.

 

Los grandes perdedores

En todo caso, Chile Seguro estuvo lejos de ser la lista menos votada. De hecho, fue el segundo pacto con mayor cantidad de electores, consiguiendo poco más de dos millones de sufragios. La abismal debacle la vivieron los partidos de centro y la “vieja guardia” de la política.

Emblemáticas ex autoridades como Jaive Ravinet (Ind-Evopoli), Sergio Bitar (PPD), Andrés Zaldivar (DC), Carmen Frei (DC) o Marcelo Schilling (PS) no lograron llevarse un cupo. Y, de hecho, sólo un puñado de consejeros electos poseen más de 60 años y tienen reconocidas carreras políticas, como Gloria Hutt (Evopoli), Yerko Ljubetic (CS) o Germán Becker (RN).

Pero el fracaso más grande ocurrió en el mundo de la ex concertación, agrupados en la lista de Todo por Chile. El pacto esperaba conseguir unos 4 escaños en el nuevo órgano, pero el 9% de sufragios no sirvió para nada. Las razones que manejan dentro de los partidos culpan a la mala lectura de las demandas ciudadanas, los candidatos poco competitivos y la decisión de ir en pactos separados con la izquierda.

Las recriminaciones más importantes están hoy en el PPD. Su presidenta, Natalia Piergentili, impulsó la idea de competir en una lista separada de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Pero la jugada salió mal. Y prueba de ello es que incluso Piergentili, quien también iba como una de las fuertes candidatas por la Región Metropolitana, tuviera un mal rendimiento y no fuese electa.

Las voces criticando la decisión han puesto en duda la continuidad de la presidenta de la colectividad. Sobre todo porque algunos apuntan a que la idea de las listas separadas fue una de las grandes razones del mal desempeño electoral del oficialismo. Piergentili, sin embargo, señaló antes y después del domingo que esta fue una decisión colectiva y que responsabilizarla a ella era eludir la discusión de fondo sobre la “estrepitosa” derrota de las fuerzas progresistas. Algo de eco tuvieron sus palabras, pues el mismo lunes la Comisión Política del PPD ratificó a Piergentili como presidenta del partido.

Cómo se termine reconfigurando el PPD está aún por verse, pero ya desde el mundo de la ex concertación comienzan a haber acercamientos al Gobierno. El desastroso rendimiento electoral abrió una posibilidad que, hasta antes del domingo, era impensado: la entrada de la Democracia Cristiana al Gobierno.

Es una idea que aún está en pañales, y con voces a favor y en contra dentro de la falange. Sin ir más lejos, el mismo presidente de la DC, Alberto Undurraga, descartó la idea. Pero no es casualidad que las dos listas del oficialismo se hayan reunido aquella misma noche del domingo en la sede del partido para analizar lo sucedido. Algunos han visto en ello algún tipo de acercamiento. Y otras voces ya empiezan a hablar de condiciones para concretar una alianza, para algunos, necesaria.

La debacle de la DC se refleja en que, por primera vez en sus 65 años de historia, no contará con representantes en un órgano de elección popular. Y también, es un ejemplo de lo desgastada que están las fuerzas políticas del centro, y que causa preocupación en algunos analistas.

 

De emergente a ausente

Otra sorpresa para algunos expertos fue que el Partido de la Gente no haya conseguido ni un solo escaño en el Consejo Constitucional. Las predicciones más optimistas hablaban de quedarse con cinco o incluso siete escaños. Y los más pesimistas creían que podrían elegir al menos entre uno y tres consejeros. Pero nada de eso pasó.

El partido consiguió poco más del 5% de las preferencias, unos 530 mil votos: mucho menos de lo conseguido en las elecciones presidenciales de 2021. Una de las razones que manejan dentro de la colectividad alude al bullado caso de Karla Añes, candidata por el PDG que había sido condenada por narcotráfico en 2012 e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Poco días antes de la elección, se reveló que Añes había falsificado su declaración jurada. De todas formas, la candidata por la Región de Arica consiguió casi 1.400 votos.

Consciente de la debacle, Franco Parisi, líder de la colectividad, no apareció en el comando del PDG como estaba previsto durante el domingo y, en vez de eso, dio una pequeña conferencia de prensa desde el aeropuerto. Minutos después tomó un avión rumbo a Alabama donde reside.

Algunos dirigentes hablaban, antes de las elecciones, de que estas elecciones definirán la continuidad del Partido de la Gente como proyecto político. Pero algunos analistas ya han explicado que las contradicciones discursivas, sumado a las difusas líneas programáticas, pueden ser el golpe de gracia para la colectividad. Para evitarlo se han recurrido a medidas desesperadas: bajar los sueldos de sus diputados y crear un comité de apoyo.

La elección es ejemplo de ello. El partido no pudo replicar su buen rendimiento electoral en las regiones del norte, donde en la pasada elección presidencial logró sacar buenos resultados, según expertos, por su discurso anti-inmigración. Eso ni siquiera sucedió en la región de Antofagasta, donde Franco Parisi fue la primera mayoría.

 

El duro traspié oficialista

La otra lista que no pudo mantener su hegemonía en las regiones del norte fue Unidad para Chile. El Partido Republicano logró superar en votos sobre todo en el extremo norte. De hecho, el pacto ni siquiera pudo obtener la mayoría de los votos en la Región de Valparaíso, un bastión clave de las fuerzas oficialistas.

No todo es malo en la lista que reúne al PC, el PS, el Partido Liberal y el mundo del Frente Amplio. El Partido Socialista mantuvo su buen desempeño y consiguió 6 escaños en el futuro órgano y, además, el Partido Comunista fue el tercer partido que mayor cantidad de votos alcanzó, aunque solamente consiguió dos consejeros electos. Y otro que sacó cuentas alegres fue Revolución Democrática, partido que consiguió cuatro escaños en el Consejo. Pero, obviamente, el trago es agridulce.

Las fuerzas de izquierda quedaron, igualmente, golpeadas y sin poder de veto. Los 16 consejeros no son suficientes para impulsar la agenda del sector dentro del Consejo. Y ya se comienzan a buscar culpables, rodar cabezas o encontrar respuestas.

 

Votos nulos: ¿Desapego o desinformación?

Una de las razones del mal rendimiento ha apuntado a la desafección de la izquierda más dura. No es para menos. Los votos nulos marcaron un precedente en las elecciones del Consejo Constitucional, algo que se anticipaba, pero no a tal magnitud. Y no es para menos: más de 2,5 millones de sufragios no fueron válidamente emitidos, lo que equivale a un 21% del total de los sufragios.

En el Plebiscito de Salida del 2022, los votos nulos llegaron a 200.664, mientras que los blancos tan solo fueron 77.212. Cifras muy diferentes para tener una participación total muy similar. Por este mismo motivo, el total de votos nulos y blancos encendieron las alarmas en expertos. ¿Qué fue lo que pasó?

Los votos nulos son el reflejo de dos fenómenos, según los analistas, a los que hay que prestar atención: el descontento y la desinformación. En el caso del primero hablamos de sufragios emitidos a modo de protesta hacia un proceso “tutelado” por las élites. La paradoja es que serán los mismos consejeros electos quienes tendrán que generar representatividad a quienes no se sintieron representados en primer lugar.

El otro fenómeno que explica lo sucedido es el desconocimiento sobre el nuevo proceso, sus alcances e incluso los candidatos que se presentaron y quienes resultaron electos.

 

La polémica paridad

Otro fenómeno ampliamente analizado, y criticado, tras las elecciones ha sido el mecanismo que asegura la paridad de salida. La norma fue aplicada en cinco regiones: Atacama, Coquimbo, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. Su implementación instruyó el cambió de cinco hombres electos para conformar el Consejo Constitucional por mujeres.

En detalle, el organismo dejó fuera a Ricardo Nuñez (PS) en Atacama, Andrés Guerra (Republicanos) en Coquimbo, Juan Sutil (RN) en O’Higgins, Mario Garcia (Republicanos) en La Araucanía y José Urrutia (RN en Los Ríos.

No todos han considerado que el mecanismo de paridad es el adecuado. Ya hay quienes defienden que, si bien es entendible que las listas estén conformadas por igual cantidad de hombres y mujeres, la regla puede romper incluso con el principio democrático: gente con menor cantidad de votos ocupa escaños que, en principio, fueron electos por personas con mayor cantidad de sufragios.

Lo anterior no ocurre solo, argumentan algunos, en desmedro de las mujeres. De hecho, en la pasada Convención, de no haber aplicado el principio de paridad, el órgano habría estado conformado por 84 mujeres y 71 hombres.

La polémica sobre la integración de la paridad se ha encendido aún más por la elección de candidatas con un bajo número de votos, electas únicamente por la paridad y pertenecer a listas con alta concentración de sufragios. Y, por tanto, se ha argumentado que, así como se entiende que hay hombres y mujeres capaces por igual de desempeñar cargos públicos, también hay quienes no lo son y, por tanto, son los electores quienes deben decidir y no el mecanismo en sí.

Respecto a las críticas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, argumentó que cuando hombres tienen que ceder su cupo se critica el mecanismo de paridad. En este sentido, recordó la extinta convención constitucional en la cual 12 mujeres entregaron su escaño electo a favor de hombres y nadie comentó algo al respecto.

Por otra parte, la cientista política, Javiera Arce Riffo plantea que no tiene muchas esperanzas en este nuevo texto constitucional, puesto que, considera que de ganar las fuerzas conservadoras -como sucedió- las mujeres serían las principales perdedoras por la amenaza que tendrían a sus derechos. En suma, mencionó que “nuestros derechos, nuestra ciudadanía económica, política y social se verán profundamente amenazadas”.

 

La nueva importancia de la Comisión Experta

Algo de lo que se hablaba en los pasillos del ex congreso la semana pasada era sobre cómo los comicios afectarían la labor de los expertos designados. Más precisamente, los sectores de oposición temían los efectos de un mal rendimiento del oficialismo. Las encuestas ya anticipaban aquello. Se especulaba con que los ánimos se exaltarían y el oficialismo tomaría distancia del proceso. Pero parece ser que sucederá todo lo contrario.

La Comisión ha cobrado incluso mayor relevancia. Si bien en un principio fue resistida por el oficialismo, hoy es una de las pocas instancias que le quedan para cerrar acuerdos transversales y defender las doce bases institucionales. La otra es el Comité Técnico de Admisibilidad. Y, de hecho, no solo su sector lo ve así. La oposición también cree que la Comisión Experta es la última esperanza para redactar un “texto aprobable”.

Por lo mismo, las diferentes subcomisiones retomaron esta semana sus respectivas discusiones, y ya enfocadas en la recta final: la votación de las enmiendas ingresadas.

A las nueve de la mañana del día lunes se citó a la sesión de la subcomisión de Función Jurisdiccional. En ella se tocaron varios temas que aún faltan zanjar. Uno de ellos es la incorporación de los tratados internacionales como fundamentos del Control Preventivo de la futura Corte Constitucional, y que defiende el oficialismo.

Los comisionados, también, recibieron a una serie de expertos y académicos para escuchar sus observaciones sobre el capítulo del Poder Judicial, así como a la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y Secretarios Abogados de Chile (INJPL), Carola Quezada. La entidad mostró preocupación por la dependencia que los Juzgados de Policía Local tienen hacia sus municipios.

Esa misma mañana también sesionaba la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Fue una jornada maratónica para sus integrantes, pues la discusión se alargó hasta ya adentrada la tarde. Muchos temas salieron a colación, siendo tal vez uno de los más polémicos los derechos sexuales y reproductivos. Mientras el oficialismo defiende su inclusión, la oposición ha acusado que esta es una enmienda que viene a replicar lo rechazado en el proyecto constitucional de 2022.

Otra discusión es sobre si la protección de los niños y su desarrollo es un deber del Estado, como defendió la oposición, o más bien un derecho que debe ser consagrado, como defendió el oficialismo.

En la tarde también sesionó la subcomisión de Sistema Político, que debatió sobre la posibilidad de consagrar constitucionalmente a la Gendarmería de la república. La idea, impulsada por la oposición, ha encontrado reticencias en los comisionados oficialistas, quienes se encuentran en “estado de reflexión”.

Otro punto que se discutió en la instancia fue la autonomía de las municipalidades. Como una forma de impulsar la descentralización, el oficialismo impulsa enmiendas para consagrar no solo la autonomía administrativa y fiscal de los municipios, sino que también política. En la misma línea, el oficialismo busca concretar una progresiva transferencia de competencias de los servicios públicos relevantes a los gobiernos regionales.

También durante la jornada vespertina se reunió la subcomisión de Derechos Económicos y Sociales, una donde más roces han habido en el pasado reciente. Los expertos estudiaron las enmiendas relacionadas al derecho al agua, a la propiedad y la libertad de emprendimiento.

El siguiente día, la subcomisión de Función Jurisdiccional comenzó temprano por la mañana y terminó ya bien adentrada la tarde. La sesión recibió la visita del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, así como a la vocera del tribunal, Ángela Vivanco, y al ministro del órgano Leopoldo Llanos.

Los integrantes de la corte expusieron su conformidad con la idea de crear cuatro órganos autónomos para la realización de tareas no jurisdiccionales del poder judicial. Sin embargo, sí manifestaron la necesidad de establecer algún grado de participación en el funcionamiento de los órganos que se proponen.

Durante la tarde de ese día martes también sesionó la subcomisión de Principios y Derechos Civiles. El debate se centró en indicaciones para resguardar el derecho para víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, una de las instituciones que el oficialismo pretende levantar es la Defensoría de los Derechos Humanos.

Ambas indicaciones han sido cuestionadas por la oposición, catalogándolas de innecesarias en vista de los tribunales competentes y los acuerdos internacionales suscritos.

Finalmente, el día miércoles fue la última jornada que se vio sesionar a las subcomisiones esta semana. Ni el jueves ni el viernes sus integrantes se reunieron a debatir enmiendas, o al menos no en instancias oficiales.

Nuevamente, la subcomisión de Función Jurisdiccional sesionó durante la mañana y la tarde. La principal discusión radicó en la creación del Consejo Consultivo, un órgano asesor del Fiscal Nacional. Está presidido, en principio, por la misma máxima autoridad del Ministerio Público, y conformado por el General Director de Carabineros; el Director General de la Policía de Investigaciones; el Director Nacional de Gendarmería; dos fiscales regionales; tres exfiscales regionales y tres académicos de facultades de derecho.

También la subcomisión de Sistema Político sesionó durante la tarde del miércoles, tratando la responsabilidad fiscal en las iniciativas presidenciales. Mientras en el oficialismo se argumentó que, en ciertos casos como la defensa de derechos esenciales, este deber podría no aplicar para garantizar el bien superior, la oposición objetó que las propias bases constitucionales sostienen que debe hacerse bajo este principio, así como el derecho comparado recoge esta definición.

El plazo de la Comisión Experta para tener listas las votaciones de las enmiendas en las subcomisiones respectivas vence el siguiente lunes 15 de mayo. Aún no existe completa claridad sobre el cronograma. Se evaluó, tal vez, sesionar durante el fin de semana, pero lo más probable es que el día lunes tengamos una maratón de votaciones.

 

Ojo con las elecciones venideras

Otra materia que trató la “sala de máquinas” fue la realización de las elecciones municipales. Los expertos ya han logrado consensos al respecto: postergar su celebración al cuarto año de mandato del gobierno de turno y no en el tercero, como actualmente sucede. Lo anterior por una razón muy simple: no debilitar al ejecutivo a mitad de su mandato. Pero sí existe aún una piedra en el zapato: ¿cuándo aplicarla?

Los comisionados de oposición argumentan que aplicarlo apenas se promulgue la nueva constitución generaría incertidumbre política. Por tanto, proponen que la norma se aplique a partir del próximo ejecutivo electo en 2025. Sin embargo, los expertos del oficialismo han defendido la posibilidad de que la norma afecte la próxima realización de los comicios municipales, que en principio deberían realizarse el próximo año.

Según han sincerado algunos comisionados del oficialismo, una medida como esta podría entregar un respiro a la actual administración. Y es que, en principio, son hasta siete elecciones las que tendrá que enfrentar el gobierno actual donde, como algunos analistas explican, se someterá a evaluación su competencia en cada una de ellas.

En definitiva, tiempos menos convulsos ayudarían al gobierno a encauzar las reformas claves de su gestión. Y es que ya el ejecutivo se reunió en un cónclave en Cerro Castillo a analizar la situación política post-electoral, donde un tema obligado fue el análisis del mal rendimiento en los comicios.

Primero está el error de haber ido en listas separadas. Luego, tenemos el voto de castigo por el manejo de la migración y la seguridad pública y, además, una desafección de la izquierda más dura con el proceso. Y, por último, está el rol inactivo que tuvo el gobierno en las actuales elecciones y que, en un futuro, debería enmendar para evitar un nuevo rechazo a la constitución. Precisamente aquello también se le criticó al gobierno desde el extranjero.

En el programa de TV online de Pablo Iglesias, fundador y exlíder del partido de la izquierda española Podemos, los analistas expusieron una serie de cuestionamientos a los últimos acontecimientos que han sucedido en Chile relacionados a las elecciones. Uno de ellos, el filólogo Manu Levin, explicó que “la agenda del gobierno y la izquierda chilena ha sido derrotada por la agenda de la extrema derecha”.

Otros cuestionamientos al gobierno llegó de la mano de Amarillos por Chile y Demócratas, específicamente hacia la lista de Todo por Chile. Las fuerzas emergentes de centro explicaron que la debacle de la coalición se debe a la decisión de los partidos de llamar a aprobar en septiembre pasado el plebiscito de salida de la Convención. De hecho, el senador ex DC y actual Demócrata, Matías Walker, sostuvo que el centro político, en esta elección, no se vio representado.

 

También ojo a la conformación final del Consejo

El nuevo órgano constitucional quedó, finalmente, constituido por 51 escaños. Pese a que los analistas veían difícil la posibilidad de que algún candidato indígena pudiera llegar al Consejo, Alihuen Antileo logró quedarse con un puesto en el ex Congreso. Su lista alcanzó más de 160 mil votos, lo que representa poco menos del 3% de los sufragios a nivel nacional, el doble de lo exigido para ser electo.

Antileo ya se ha desmarcado del proceso anterior: ha criticado abiertamente a la expresidenta de la convención Elisa Loncón y, además, ha desechado una de las concepciones más polémicas del pasado texto plebiscitado en septiembre pasado: la plurinacionalidad.

Pero la conformación final del Consejo aún está en veremos. No solo Comunes impugnó la decisión del Servel de conceder un escaño adicional al Partido Republicano tras enmendar un error en el conteo inicial, sino que parece ser que lo propio hará el Partido Socialista. Lo insólito es que la decisión sería en contra de Revolución Democrática, una tienda con la que compitió codo a codo dentro de Unidad para Chile.

El caso en cuestión radica en una supuesta norma de paridad mal aplicada en la Región de la Araucanía que, según alegan desde el PS, terminó por afectar injustamente a los socialistas. La intención de presentar un reclamo al Tricel e impugnar los candidatos electos generó molestias en RD. Más detalles tendremos, posiblemente, en los próximos días.