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Transporte Escolar
Crisis de seguridad.

Iniciativa aumenta en un grado penas asignadas a delitos de homicidio simple y de lesiones graves y menos graves, cuando las víctimas sean conductores del transporte remunerado de pasajeros y de escolares.

Además, establece que los vehículos del transporte remunerado de pasajeros deberán contener, en un lugar visible al público, una advertencia clara y expresa de la pena más alta que arriesgan aquellos que atenten contra la integridad de conductores.

26 de mayo de 2023

La moción, patrocinada por los Diputados Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Renzo Trisotti, Gastón Von Mühlenbrock y la Diputada Marta Bravo, agrava las penas de determinados delitos cometidos contra conductores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros y de escolares.

Los autores del proyecto señalan que el transporte remunerado de pasajeros constituye un rubro esencial para los habitantes de nuestras ciudades, pues de este servicio depende la movilización de miles de personas a lo largo del territorio nacional, sobre todo de familias que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir un vehículo propio. 

Del mismo modo, el servicio que prestan conductores de furgones escolares es un apoyo fundamental para muchos hogares, especialmente para aquellos padres, madres y cuidadores que, por razones laborales u otros motivos personales, no tienen la posibilidad de llevar a los niños y niñas a sus colegios y escuelas. 

Añaden que el aumento sostenido de los delitos violentos ha afectado con mayor impacto la realidad de quienes, por la naturaleza propia de sus funciones laborales, se encuentran más expuestos a la delincuencia, como son los trabajadores que se desempeñan en el transporte remunerado de pasajeros. 

Exponen que, en el último tiempo, el incremento de ilícitos asociados a nuevas modalidades delictivas ha afectado notoriamente los niveles de seguridad vial. Sin duda, el incremento de los delitos violentos constituye una grave amenaza al normal funcionamiento de todo el rubro del transporte, pero por sobre todo, a la integridad de conductores, pasajeros y menores de edad, registrándose varios casos de agresiones en el último tiempo. 

Advierten que este tipo de agresiones dan cuenta de la necesidad de fortalecer la legislación en favor de las personas que se desempeñan en el sector del transporte, ya sea público, privado o escolar, e impulsar medidas tendientes a desincentivar los actos que atenten contra su integridad, con especial énfasis en la actual situación de indefensión y el temor que existe frente a la amenaza que significa la delincuencia. 

En virtud de lo expuesto, la iniciativa busca aumentar en un grado las penas asignadas a los delitos de homicidio simple y de lesiones graves y menos graves, cuando las víctimas sean conductores del transporte remunerado de pasajeros y de escolares. Del mismo modo, se establece que los vehículos del transporte remunerado de pasajeros deberán contener, en un lugar visible al público, una advertencia clara y expresa de la pena más alta que arriesgan aquellos que atenten contra la integridad de conductores. 

El proyecto de ley consta de dos artículos.

El primero, señala que las penas señaladas en los artículos 391 Nº2, 397 Nº2 y 399 del Código Penal, se aumentarán en un grado, cuando las víctimas sean conductores del transporte remunerado de pasajeros y de escolares, siempre que se encuentren ejerciendo funciones propias de su actividad laboral. 

El segundo establece que los vehículos del transporte remunerado de pasajeros deberán contener, en un lugar visible al público, una advertencia clara y expresa de la pena más alta que arriesgan aquellos que atenten contra la integridad de conductores en el ejercicio de sus funciones. Añade que dicha información deberá aparecer en el interior del vehículo con una tipografía clara que facilite la lectura rápida del pasajero, conforme a las exigencias del reglamento que dictará al efecto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.

Vea Boletín N°15932-07 y siga su tramitación aquí. 

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