Una de las primeras conclusiones a la que llegó la subcomisión de Sistema político fue la necesidad de crear mecanismos que eviten la dispersión y transfuguismo parlamentario y fortalecer el rol de los partidos. Su diagnóstico fue compartido también, a grosso modo, por el resto de los comisionados.

Así, el pleno de la Comisión Experta, en el contexto de la votación en general de los capítulos, aprobó el martes 4 de abril una batería de medidas que iban en esa dirección, contenidas en el cuarto capítulo del anteproyecto. Algunas de ellas algo polémicas, como el umbral del 5% para que los Partidos Políticos acceden al parlamento, o la pérdida del escaño a aquellos militantes que hayan sido expulsados de las colectividades

En aquel mismo pleno, sin embargo, se presentaron reparos. Algunos comisionados sostuvieron que medidas como estas podrían afectar la pluralidad dentro del congreso, así como la libertad de conciencia.

La votación en particular

Pese a las más de 106 enmiendas que recibió el cuarto capítulo del anteproyecto, los comisionados no lograron consensuar acuerdos respecto al sistema electoral. Mientras el oficialismo impulsó la idea de listas cerradas y la prohibición de pactos electorales, la oposición defendió el actual sistema de listas abiertas y la posibilidad de formar coaliciones.

Se decidió, por tanto, que los primeros incisos del artículo 48 estarían destinados a únicamente delimitar la ley electoral que los parlamentarios tendrán que legislar con ciertas características: elecciones con un sistema proporcional, no serán procedentes las listas de independientes y corresponderá al Consejo Directivo del Servel reasignar los escaños de diputados por distritos cada diez años.

Esta última delimitación va de la mano con una idea que sí consiguió, en parte, consagrar la oposición: el redistritaje. “La distribución de los escaños [de diputados] entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población del territorio electoral”. Quedó redactado en un inciso del artículo 44.

Algo que también se aprobó es la aplicación de un umbral del 5% para conseguir escaños parlamentarios, pero con una pequeña disposición transitoria: en el primer proceso eleccionario celebrado, los partidos políticos deberán obtener un 4% de los votos o tener escaños suficientes para sumar como mínimo cuatro escaños. La medida tuvo 23 apoyos, y la única abstención fue de la comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS).

Otra medida transitoria es el mecanismo de paridad. Si bien fue una medida que impulsó el oficialismo, no se pudo llegar a acuerdo. Sin embargo, sí se estableció que, “dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresado sea por mensaje o moción al Congreso un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo” de paridad. Esa ley debe tener una distribución de sexos de 60%-40%”.

Esta norma, sin embargo tiene fecha de caducidad: “Cesará tras las dos elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la ley electoral a que hace referencia en este artículo, o bien, si antes del referido plazo en una misma elección parlamentaria, de no haber mediado su aplicación, fuere lograda la proporción en sus respectivos resultados electorales”. La norma contó con 20 votos a favor y cuatro en contra de la oposición.

Otra medida aprobada para el fortalecimiento de los partidos políticos,  que ya contaba el texto aprobado en general, fue el artículo 62, que estipula que cesarán del cargo aquellos parlamentarios que hayan sido expulsados de su partido político. La diferencia con la propuesta original es que la expulsión se hará “en conformidad a lo establecido en la ley, y tras un procedimiento justo y racional”. Solo votó en contra el comisionado Jaime Arancibia (cupo RN).

También se buscaron mecanismos para fortalecer la estabilidad del ejecutivo. En esa línea, se confirmó la celebración de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial.

Finalmente, la Comisión Experta aprobó una indicación que, si bien no consagra los escaños reservados para pueblos indígenas, sí crea mecanismos “para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”. La norma fue visada con el apoyo de 19 votos a favor.

Al haber sido aprobados todos los capítulos del anteproyecto, la Comisión Experta preparará y entregará el texto al Consejo Constitucional antes del 7 de junio, día de su instalación. El órgano electo será ahora el encargado de modificar la propuesta de los comisionados y presentar una nueva Carta Magna a ser votada en diciembre de este año.