La Comisión Experta despachó el penúltimo capítulo del anteproyecto, y uno de los más criticados por sus mismos integrantes: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo. Los expertos ingresaron una serie de enmiendas para dotar de mayor contenido al acápite, consagrando el deber de proteger la conservación de la naturaleza e incentivando el uso de fuentes renovables, entre otros.

El pasado martes, la Comisión Experta terminó la discusión en particular de los cinco últimos capítulos del anteproyecto. Uno de los que sufrió las mayores modificaciones desde su aprobación fue el décimo tercero: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo.

Su breve extensión y la falta de contenido fue objeto de críticas de los comisionados durante las deliberaciones en general. La subcomisión de Derechos Económicos y Culturales, encargada de la redacción del capítulo, justificó lo sucedido por la falta de tiempo y, sostuvo, que en la etapa de enmiendas se podría robustecer su contenido. Y así fue como sucedió.

El capítulo mantuvo su estructura de tres artículos. Sin embargo, su redacción y contenidos fue modificada, además de que agregó una serie de numerales.

El artículo 187 estipulaba que “toda persona debe contribuir a la protección del medio ambiente, y será responsable del daño ambiental que cause, en conformidad a la ley”. Pero, actualmente, la norma cambió  su alcance, y consagró que “La protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”.

El artículo 188 sufrió un cambio similar. En principio, la norma mandataba que “el Estado debe orientar su acción a la conciliación de la protección de la naturaleza y el mejoramiento del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social”. Ahora, la norma tiene un sentido completamente diferente, y estipula que “Las personas, las comunidades y el Estado deben proteger el medio ambiente. Este deber comprende la conservación, preservación, restauración y regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza y su biodiversidad, según corresponda, de conformidad a la ley”.

El último artículo del capítulo estipulaba que “el Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional, instando a la colaboración privada en dicha tarea”. Esto, en parte, se mantuvo. La norma quedó consagrada en el segundo numeral del artículo 189.

Los otros incisos del artículo, y que se agregaron a la propuesta inicial, resguardan los criterios de equidad en la distribución de cargas y beneficios ambientales, la promoción de fuentes de energías renovables, la implementación de medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, la consagración de instituciones de carácter técnico en materia ambiental y la implementación procedimientos de evaluación ambiental.

Todas estas modificaciones fueron aprobadas por el pleno con casi completa unanimidad. Sin embargo, una enmienda “testimonial” ingresada por el oficialismo no consiguió ser aprobada. Ella consagraba el deber del Estado de dar especial protección a los animales. Fue rechazada con 6 votos en contra, 6 abstenciones y 12 votos a favor.

Al haber sido aprobados todos los capítulos del anteproyecto, la Comisión Experta preparará y entregará el texto al Consejo Constitucional antes del 7 de junio, día de su instalación. El órgano electo será ahora el encargado de modificar la propuesta de los comisionados y presentar una nueva Carta Magna a ser votada en diciembre de este año.