Con la votación de 127 votos a favor y tres abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó una resolución. Ella pide al Presidente de la República que se revisen la cobertura y accesibilidad a beneficios sociales que mantienen personas neurodivergentes. Para ello se plantea que la labor la emprendan los ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda.
La idea es permitir que aquellas familias que son beneficiarias de subsidios especiales por discapacidad o pensión básica solidaria de invalidez, no queden fuera de otros beneficios previsionales otorgados por el Estado. Por ejemplo, la asignación familiar o el bono marzo.
En el documento se explica que el 10 de marzo del año en curso entró en vigencia la Ley 21.545. Ella establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en el ámbito social, de salud y educación.
Se resalta en el texto que las materias tratadas en la ley dicen relación con ámbitos de educación, salud, inclusión social y acceso a la justicia. Sin embargo, no aborda los beneficios sociales a los que pueden o no postular las personas TEA. Por ejemplo, al subsidio de discapacidad para menores de 18 años que entrega un aporte monetario de $103.086 pesos.
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La iniciativa resalta que, al obtener ese aporte, se impide postular a otros beneficios sociales y previsionales. Una situación similar ocurre con las familias de personas con síndrome de Down u otro tipo de patologías que les hace beneficiarios de un subsidio especial, pero les impide acceder a otros.
La resolución la presentaron Ana María Gazmuri, Tomás Lagomarsino, Hernán Palma, Andrés Giordano, Danisa Astudillo, Daniella Cicardini, Karol Cariola, Luis Alberto Cuello, Alberto Undurraga y Marta Bravo.