La Comisión de Gobierno Interior analizó la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). En particular, revisó cómo coordina la actividad de las unidades de auditoría de los distintos servicios públicos, a fin de velar por la observancia del principio de probidad administrativa.
En la sesión estuvo presente la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Macarena Lobos. La autoridad explicó que el Consejo de Auditoría Interna es un órgano asesor del Presidente de la Republica para hacer propuestas en dicha materia.
Su objetivo es formular políticas, planes programas y medidas de control interno para fortalecer la gestión interna de los organismos de la administración del Estado. La finalidad es garantizar el buen uso de los recursos públicos y las normas de probidad.
Puntualizó que es un organismo coadyuvante de la gestión de la administración del Estado. Tiene una labor preventiva con carácter sistémico, porque coordina toda la red de auditores y auditoras que existe a nivel de la administración central del Gobierno.
Explicó que, a nivel de la administración del Estado, existen alrededor de 967 auditores y auditoras que involucra a todos los servicios públicos. Detalló que hay 36 servicios que cuentan con un solo auditor. Otros 124 que tienen entre dos y cinco auditores y, los restantes, tienen seis o más.
Precisiones
Macarena Lobos clarificó que el CAIGG carece de facultades decisorias. Por lo tanto, solo propone, estudia y recomienda. No tiene facultades ejecutivas por sí mismo, detalló.
Recordó que el organismo se originó en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asimismo, dijo que en las administraciones del expresidente Ricardo Lagos y de la expresidenta Michelle Bachelet hubo intentos de institucionalizar, pues es muy “feble” la institución, creada y regulada solo por un decreto supremo.
Noticia Relacionada
En este sentido, adelantó que el Presidente Gabriel Boric está comprometido a enviar un proyecto de ley sobre la materia. También ha sido una recomendación para regular las transferencias del Estado con las entidades privadas sin fines de lucro.
La personera dio cuenta que están a la espera de la toma de razón de la Contraloría General de la República de un decreto que moderniza el decreto supremo 12 (que originó el CAIGG), después de 26 años de funcionamiento.
Específicamente, la idea es hacerse cargo de los avances y desafíos de la normativa interna e internacional, así como generar requisitos de profesionalización y prevención de conflictos de intereses respecto del organismo.