Unánime respaldo recibió la petición para crear una nueva comisión investigadora del Caso Convenios. Esta vez, la instancia tendrá 60 días para indagar a los ministerios de Hacienda; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y de Desarrollo Social y Familia.
Particularmente, el grupo parlamentario investigará a las secretarías regionales de dichos ministerios. En especial, de las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Todas ellas, según señala la solicitud, cuestionadas en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas.
La solicitud fue firmada por 62 diputadas y diputados, encabezados por Rubén Darío Oyarzo. En ella, se recuerda que el caso de Democracia Viva, que destapó el Caso Convenios, llevó a la investigación judicial de 53 instituciones que recibieron fondos del Estado, en 23 causas distintas.
Hay que recordar que, tras conocerse el caso de Democracia Viva, la Cámara aprobó tres comisiones investigadoras que luego se fusionaron. Pero, después, se conocieron más antecedentes que quedaron fuera de esta pesquisa. Por ello, es que se presenta esta nueva solicitud.
“Debido a que los hechos expuestos a la opinión pública no se acotan al Ministerio de Vivienda, esta Cámara (…) debe investigar – con mayor detalle – las actuaciones realizadas en el resto de los ministerios implicados”, indica el texto.
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Agrega que, entre las materias a indagar, están las razones de la entrega de dinero a determinadas fundaciones, ONG y otras corporaciones. En este sentido, se llama a investigar el uso del trato directo y las resoluciones que lo autorizan.
Ello, para determinar si se cumplen los requisitos para el uso de este mecanismo. Por esta razón, el texto indica que hay que investigar en profundidad los directorios de estas organizaciones y si existen más casos similares.
“Es necesario conocer cuáles son los estándares para la entrega de dineros y los motivos por los que una entidad sin experiencia ni expertiz puede recibir una gran cantidad de dinero por parte del Estado”, afirman las y los peticionantes.