Diversas organizaciones, incluidas entidades de derechos humanos, sectores industriales y técnicos, han expresado su preocupación sobre el último borrador de la Convención de la ONU sobre Cibercrimen, conocido como Borrador Cero. En una carta abierta dirigida al Presidente del Comité Ad Hoc de la ONU sobre Cibercrimen, estas organizaciones destacan varios puntos críticos que consideran que deben abordarse antes de que el borrador avance:
1- Sobreextensión del alcance: Se advierte que el alcance del borrador es demasiado amplio y podría llevar a interpretaciones excesivamente amplias de los delitos cibernéticos, lo que potencialmente podría comprometer la seguridad del ciberespacio y los derechos individuales.
2- Falta de protecciones adecuadas: Las organizaciones han observado que las protecciones procesales propuestas en el borrador son insuficientes y solo cubren una fracción de los delitos contemplados. Esto podría dejar a los individuos vulnerables a investigaciones y procesamientos injustos.
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3- Riesgos para la privacidad y la protección de datos: Preocupa el intercambio de datos entre jurisdicciones sin restricciones claras, lo que podría conducir a la violación de la privacidad y la protección de datos personales.
4- Necesidad de enfoque específico y protecciones para grupos vulnerables: Se insta a que el borrador se centre en delitos cibernéticos específicos y se incluyan protecciones sólidas para grupos como investigadores de seguridad, periodistas y defensores de derechos humanos.
5- Aplicación de estándares de derechos humanos: Es crucial que la convención esté alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la no discriminación y la proporcionalidad en la aplicación de la ley cibernética.
6- Consideraciones de género y ciberseguridad: Se subraya la importancia de incorporar consideraciones de género en la convención y evitar disposiciones que puedan debilitar la ciberseguridad y el cifrado.
Las organizaciones instan a una revisión exhaustiva del borrador para abordar estas preocupaciones antes de que avance más en el proceso legislativo. En última instancia, buscan una convención que proteja los derechos individuales y fomente la cooperación internacional en el ciberespacio de manera justa y equitativa.