Corte Suprema de Canadá dictamina que la reparación declarativa es aplicable en un litigio promovido por tribus indígenas, a pesar de estar prescrita su acción.

La Corte Suprema de Canadá dictaminó que el reclamo de derechos de tierras de una tribu indígena, en virtud de un tratado firmado en el siglo XIX, está prescrito, pero que se justifica una reparación declaratoria dada la magnitud de la conducta “deshonesta” mantenida por la Corona (gobierno canadiense) durante un largo tiempo.

Según se narra en los hechos, la “Tribu Sangre” alegó un incumplimiento del Tratado No.7 (1877) por parte del gobierno, que delimitó el tamaño de la reserva a la cual fue asignada, pues investigaciones posteriores establecieron que su extensión era menor a la estipulada en la fórmula del tratado. La disputa se centró en determinar si este reclamo había prescrito antes de la entrada en vigor de la sección 35(1) de la Ley Constitucional de 1982, que reconocía y afirmaba los derechos indígenas en tratados.

El juez de primera instancia dictaminó que el período de prescripción iniciaba en 1982 debido a que la sección creaba una nueva causa de acción por violaciones de tratados. Por lo tanto, la acción iniciada en 1980 no estaría prescrita según esta interpretación. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones adujo que la sección no generaba nuevos derechos y que existía un recurso disponible para el reclamo antes de 1982, independientemente de esta sección, declarando por ello la prescripción de la acción. La tribu apeló el fallo ante la Corte Suprema.