Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas sufre infertilidad. Éste es el contexto al que hace referencia un grupo transversal de senadoras y senadores, quienes solicitaron al Ejecutivo instruir el desarrollo de estrategias de salud reproductiva y el mejoramiento del acceso igualitario a procedimientos de fertilidad.
El proyecto de acuerdo –que contó con el respaldo unánime del Senado- precisa acciones concretas como:
1- Incorporar en la Guía Clínica del Ministerio de Salud la facultad a profesionales de la salud gineco-obstétrica recomendar la realización del examen de hormona antimülleriana anualmente a mujeres mayores de veintiún años (marcador mundialmente utilizado para evaluar la reserva ovárica de la mujer);
2- Incluir en el Examen de Medicina Preventiva el examen de hormona antimülleriana (AMH) en mujeres de 21 a 35 años, el que deberá ir acompañado de una conserjería médica adecuada y;
3- Establecer cobertura financiera estatal bajo “Pago Asociado a Diagnostico” para la criopreservación de óvulos, especialmente en mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino, baja reserva ovárica, endometriosis severa y todas las condiciones médicas que consideren el uso diagnosticado de gonodotoxinas.
La solicitud fue patrocinada por las senadoras Paulina Núñez, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, Luz Ebensperger, María José Gatica, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Ximena Rincón y Alejandra Sepúlveda, y los senadores Pedro Araya, Juan Castro Prieto, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, José Miguel Durana, Iván Flores, José García, Francisco Huenchumilla, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Esteban Velásquez y Matías Walker.
El proyecto de acuerdo da cuenta que la Conferencia Internacional Sobre la Población y Desarrollo (CPD) insta desde hace años a los gobiernos y a los asociados para el desarrollo a mejorar el acceso a tratamientos apropiados de infertilidad.
Del mismo modo, se agrega, se reconoce la necesidad de abordar las repercusiones económicas, sociales e implicaciones de la infertilidad para los individuos, parejas y sociedades en su conjunto, y alienta a los Estados miembros a facilitar el acceso a la prevención, conocimientos y tecnologías para un tratamiento más eficaz y asequible de la infertilidad, así también estableció que dentro de los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva que deberían ofrecerse en el nivel de atención primaria se encuentra la prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.
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Ahora, con respecto a la realidad nacional, se hace presente que se cuenta con beneficios de Fertilización Asistida del MINSAL, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que cuenta con un programa de fertilización asistida de baja y uno de alta complejidad a través de la red pública de salud o Modalidad de Atención Institucional (MAI), y Modalidad Libre Elección (MLE) para atenderse bajo esta previsión en la red de instituciones privadas en convenio a través del bono PAD.
Sin embargo, hacen notar los autores que los tratamientos son costosos especialmente aquellos de reproducción asistida de alta complejidad, que además se acompañan de medicamentos que también tienen un alto valor, los que pueden alcanzar hasta los siete u ocho millones de pesos en el caso de la Fecundación in vitro con ovodonación y cuya escasa cobertura varía según la previsión.
Además, se indica que expertos señalan que, son generaciones nacionales más jóvenes las que han decidido postergar o incluso dejar de lado la paternidad y/o maternidad para priorizar sus estudios, trabajos o sencillamente por razones económicas, pero, otro grupo, al menos un 10 y 15% de las parejas chilenas sufre infertilidad.