El Consejo de Ministros de Italia, a propuesta de la presidenta Giorgia Meloni y del ministro de Justicia Carlo Nordio, aprobó un proyecto de ley que introduce disposiciones relativas a la inteligencia artificial (IA) y delega en el Gobierno la competencia en esta materia.
El proyecto abarca cinco áreas clave: la estrategia nacional, las autoridades nacionales, acciones de promoción, protección de derechos de autor y sanciones penales.
En cuanto a su contenido, establece que el uso de la IA en el ámbito judicial queda delimitado exclusivamente para fines instrumentales y de apoyo, como la organización del trabajo judicial y la investigación jurisprudencial y doctrinal. Se prohíbe expresamente su utilización en la toma de decisiones judiciales, reservando esta facultad al magistrado.
En cuanto a la legislación penal, se prevé un aumento de penas para delitos cometidos mediante el uso de IA, especialmente cuando su naturaleza o métodos de uso constituyan un medio insidioso o hayan obstaculizado la defensa pública o privada. Se establecen circunstancias agravantes adicionales para aquellos delitos en los que el uso de IA tenga una “capacidad extraordinaria de propagación del delito”.
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Un aspecto destacado del proyecto es la creación de un nuevo tipo de delito: la difusión ilícita de contenidos generados o manipulados con sistemas de IA diseñados para engañar sobre su autenticidad. Esta conducta será penalizada con penas que van de 1 a 5 años de prisión si resulta en “daños injustos”.
Además, se delega en el Gobierno la tarea de proporcionar herramientas para inhibir y eliminar la difusión de contenidos generados ilícitamente con IA, respaldadas por un sistema adecuado de sanciones. También se establecen medidas para proteger bienes jurídicos específicos expuestos al riesgo debido al uso de IA, así como una revisión de la legislación vigente en materia penal para racionalizar el sistema.
En el ámbito laboral, se establece el «principio antropocéntrico» para el uso de IA, que debe respetar la integridad de los trabajadores y promover la equidad y la no discriminación. Se crea un Observatorio en el Ministerio de Trabajo para supervisar este principio.
En relación con las profesiones intelectuales, se establece la primacía del pensamiento humano crítico sobre el uso de herramientas de IA, limitando su aplicación a actividades de apoyo profesional. Se exige que los profesionales informen a sus clientes de manera clara y exhaustiva sobre el uso de esta tecnología.
Finalmente, se adoptan medidas para proteger los derechos de autor, incluyendo la identificación y reconocimiento de la participación de IA en la creación de contenidos, mediante la marcación de los mismos con una identificación específica. Se excluyen de esta obligación manifestaciones creativas, satíricas y artísticas.