El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, participó en la comisión que investiga los actos del Gobierno frente a eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia. Así como también la vulneración de la integridad territorial por parte de grupos criminales y la protección para personas refugiadas (CEI 50).
En esta primera sesión de la instancia, la autoridad concurrió junto a Ana Lya Uriarte, coordinadora agenda legislativa de la Subsecretaría del Interior. También lo acompañaron el general Julio Jaramillo, jefe de Inteligencia de Carabineros y Luis Marcó, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Además, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Cristina Peña; y Cristina Vilches, jefa de Inteligencia de la institución.
Antes de dar inicio a su presentación, el subsecretario sugirió a la comisión sesionar de forma secreta. Esto para poder entregar la mayor cantidad de información a las y los diputados sobre las materias investigadas.
Refugiados
Sin embargo, previo a declararse reservada, expuso antecedentes sobre la situación de personas refugiadas en el país. Explicó que desde 2010, cuando entró en vigencia la ley sobre protección de refugiados (N°20.430) se han presentado cerca de 31 mil solicitudes de refugio. De éstas, cerca de 11 mil se encuentran archivadas por no tener antecedentes suficientes para resolver la situación. Por otro lado, aproximadamente 9 mil fueron rechazadas y sólo alrededor mil han sido aceptadas. Esto deja un saldo de 10 mil que aún no poseen una resolución.
Frente a esto, destacó la mejora que permitió la nueva normativa que modificó el procedimiento para la determinación de refugiados (N°21.655). En ella se terminó con la entrega de una visa por ocho meses para quienes solicitaban refugio. Y además se estableció que una comisión deberá analizar el requerimiento.
El subsecretario agregó que de los mil refugiados que actualmente existen en el país, 75 son venezolanos. De estos, 46 se reconocieron en este gobierno y 29 corresponden a periodos presidenciales previos. Cabe destacar que entre los 75 refugiados venezolanos, 9 de ellos tienen calidad de exmiembros de las fuerzas armadas venezolanas.
Tras su exposición, el subsecretario fue consultado sobre qué medidas de protección existen para personas que se encuentran en calidad de refugiados. Frente a esto, explicó que la normativa señala que existen dos garantías que se deben cumplir. La primera, corresponde a la entrega de una visa de residencia definitiva, con todos los derechos de la ciudadanía chilena. En segundo lugar, se entrega el derecho de no expulsión, salvo por la comisión de delitos graves, de guerra o que vulneren la paz.
Más allá de esto, el subsecretario señaló que no hay registro de que el Estado tome medidas de protección particular a refugiados; al menos no antes del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. Informó sin embargo que, hace algunos días, la Fiscalía tomó medidas de protección ante un caso en particular en el sur de Chile, del cual no entregó más antecedentes públicamente.
Control migratorio
Por otro lado, la autoridad se refirió a las medidas que se tomarán para mejorar el control fronterizo en el norte del país. Señaló que el despliegue humano “no es suficiente” para proteger más de mil kilómetros de frontera. Lo anterior considerando que existen más de 100 pasos no habilitados catastrados entre Arica, Tarapacá y Antofagasta.
Por esto, se considera una inversión en implementos y tecnología por cerca de $6.500 millones para Carabineros. Además, se financiará por cerca de $9.000 millones un sistema de protección fronteriza que implementará el Comando Conjunto Norte.
También se destacó en la comisión el avance en la identificación biométrica de quienes ingresan en Chacalluta y Colchane. “Es un avance importante, porque permite tener un monitoreo de esas personas en Chile, lo que antes no se podía hacer”, explicó el subsecretario.
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Sin embargo, insistió en la necesidad de mejorar el mecanismo de consulta directo entre el Gobierno de Chile y Venezuela. Frente esto, explicó que el convenio suscrito entre ambos países está implementándose y Chile ya ha realizado consultas a la contraparte.
Consultado sobre la posibilidad de crear una barrera física en la zona fronteriza, el subsecretario planteó la inviabilidad de esta medida. Señaló que la experiencia que se conoce es la de la valla instalada en Hungría en la frontera con Serbia. Ésta habría tenido un costo cercano a los 800 millones de euros, un gasto que “como Estado chileno no estamos en condiciones de asumir”, explicó.
Para entregar más antecedentes respecto de las materias investigadas por la comisión, las y los diputados acordaron que el resto de la sesión sería secreta.