La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó -por la unanimidad de 126 votos- el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de carabineros.
Originado en una moción del diputado Héctor Ulloa, su objetivo es eliminar las facultades de ordenar a Carabineros realizar este tipo de funciones en procedimientos judiciales, para que se puedan concentrar en sus labores esenciales de resguardar y garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
En particular, el proyecto modifica tres normas. En primer lugar, el Código de Procedimiento Civil, para autorizar que la demanda o la primera gestión anterior a ella en un juicio de mínima cuantía pueda notificarse por el secretario del tribunal o por el oficial primero de la secretaría. Agrega que si no existe un receptor la notificación la puede realizar el notario público o el oficial del Registro Civil que exista en la localidad.
En segundo término, en la ley N°18.287 que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para suprimir que en casos calificados el tribunal determine que la primera notificación sea practicada por un carabinero. Y, finalmente, en la ley N°19.968 sobre Tribunales de Familia, en el mismo sentido anterior.
El texto fue remitido al Senado a su segundo trámite.
Aumentar presencia policial
En los argumentos del proyecto, informado a la Sala por su autor, se recalca que uno de los temas que preocupan mayoritariamente a la ciudadanía dice relación con la seguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia. Y que, asimismo, una de las demandas es aumentar la presencia policial en las calles, realizando funciones de prevención de delitos y detención de criminales.
En tal sentido, actualmente Carabineros de Chile realiza un sinnúmero de funciones de carácter preventivo, investigación, control de orden público, búsqueda de personas, rol educativo e informativo, de integración nacional y de solidaridad, entre otras. En ellas, no obstante, es posible identificar algunos roles sobre los cuales es posible prescindir de la presencia de Carabineros.
De hecho, según la cuenta pública de Carabineros del año 2021, los funcionarios policiales a lo largo del país concurrieron en la recepción, tramitación y ejecución de 1.445.824 órdenes judiciales. Dentro de estas, 757.721 correspondieron a notificaciones y citaciones.
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En línea al proyecto, la institución sostuvo en la mencionada cuenta pública que las notificaciones son altamente demandantes y exigen el despliegue de recursos humanos y materiales para su realización; dejando de lado, muchas veces, las labores policiales de prevención de delitos, de control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública en general.
Debate
Transversalmente las y los diputados que intervinieron en el debate felicitaron la presentación de este proyecto, por la necesidad de focalizar el tiempo y recurso humano de las policías en el combate del delito.
Además, estimaron que esta es una medida sencilla pero eficaz para aumentar la presencia policial en las calles.
Un punto adicional planteado en la Sala es que hay otras materias en la misma línea en las que también se debiera avanzar. En tal sentido, se criticó que Carabineros deba destinar personal al resguardo de eventos privados con fines de lucro. Asimismo, que se debe seguir reforzando el funcionamiento de la comisaría virtual, por ejemplo.