Proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales para establecer reglas sobre segmentación y administración penitenciaria en función del compromiso delictual de los reclusos.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Sergio Bobadilla, Miguel Ángel Calisto, José Miguel Castro, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalida, Jorge Guzmán, Andrés Jouannet y Andrés Longton, junto a las diputadas Ximena Ossandón y Joanna Pérez, modifica el Código Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Ley Orgánica de Gendarmería, con la finalidad de modernizar los regímenes de cumplimiento de condenas sobre la base de la mayor o menor peligrosidad de los reclusos y establecer por ley las reglas mínimas a las cuales deben ceñirse los reglamentos que regulan los establecimientos penitenciarios.

Los autores de la moción señalan como antecedente que, el aumento sostenido de los hechos violentos en el último tiempo constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas, pero también un gran desafío desde el ámbito de las políticas públicas. Aseguran que, la gravedad de esta situación se ha acentuado con la llegada de bandas criminales extranjeras y la instalación de nuevas modalidades delictuales en el país, donde hace varios años que se detectan dificultades en la persecución penal del delito y en el funcionamiento de los recintos penitenciarios a raíz del avance del crimen organizado.

Complementan esto, destacando que existe acuerdo en que el cumplimiento de penas efectivas de cárcel resulta fundamental para sancionar a quienes actúan al margen de la ley, especialmente cuando han cometido delitos graves, tales como sicariato, secuestros y extorsiones. Sin embargo, reparan en que las medidas privativas de libertad no siempre aseguran la rehabilitación de los condenados, ya que una gran parte de ellos continúa en contacto con delincuentes que se encuentran en el exterior para cometer coordinadamente distintos ilícitos. A lo anterior, suman una serie de complejidades relacionadas con el control y distribución de la población penal, puesto que, habitualmente reos pertenecientes a esas organizaciones, interactúan con otros de menor peligrosidad, contaminando a éstos últimos que, si bien se mueven en el círculo del delito, no tienen el alto perfil criminógeno de los primeros.