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Discriminación contra la mujer.

Funcionarias judiciales titulares de licencia médica para el cuidado del hijo o hija menor de un año por enfermedad grave tiene derecho al “bono de modernización”, aun cuando no hayan prestado servicios efectivos durante a lo menos seis meses.

La Magistratura Constitucional declaró inaplicable por inconstitucional la norma que exige que durante el año anterior al pago del bono hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses.

5 de junio de 2024

El Tribunal Constitucional acogió por unanimidad un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 4, inciso quinto, de la Ley Nº19.531, que reajusta e incrementa las remuneraciones del poder judicial, modifica el Decreto Ley Nº 3.058, de 1979, que crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales.

La norma legal que se solicitó declarar inaplicable para resolver la gestión pendiente, es la siguiente:

“No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo”. (Art. 4, inciso 5, de la Ley Nº19.531).

La gestión pendiente es una acción de protección que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Talca, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entidad por medio de la cual este Poder del Estado actúa en su faz de empleador.

La norma impugnada establece los componentes del Bono de Modernización, su forma de cálculo, períodos de pago y quiénes tienen derecho a percibirlo. También establece las excepciones respecto de los sujetos que podrán percibirlo, excluyendo así a los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente y a aquellos que, durante el año anterior al pago del bono, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses. El requisito se explica en que el bono es un incentivo al desempeño cualificado y al cumplimiento de metas de gestión.

No obstante, en relación con la exigencia de un lapso mínimo de prestación de servicios efectivos como elemento exigido por el legislador para la consecución de los fines descritos, se contempla una contra excepción en el inciso quinto del artículo 4 −precepto impugnado − puesto que sí podrán recibir el bono quienes tengan un absentismo superior al que permite la norma, siempre que se trate de casos de licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley Nº16.744, o de los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, así como del permiso postnatal parental del artículo 197 bis, del mismo cuerpo normativo.

La requirente fundó su acción de protección en no haber recibido el “bono de modernización” por no haber prestado servicios efectivos por seis meses durante el año en que se devengó el bono. Sin embargo, ello se debió a una licencia por enfermedad grave de hijo o hija menor de un año, no encontrándose esta licencia dentro de las contra excepciones, como sí lo hacen otras licencias médicas como aquellas por accidente de trabajo o el permiso postnatal parental, entre otros.

La requirente consideró que lo anterior implica una afectación a la igualdad ante la ley.

El requerimiento fue acogido por los Ministros (as) Nancy Yáñez (P), Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Daniela Marzi, Raúl Mera y Natalia Muñoz.

El fallo alude al fin previsto por el legislador al introducir este bono: implementar una política que incentive y premie la prestación de servicios efectivos y de alta calidad, excluyendo a quienes hagan uso de una licencia médica por un periodo igual o superior a seis meses, aunque establece excepciones en favor de quienes se ausenten por licencias vinculadas a accidentes de trabajo o vinculadas a la maternidad, pero no considera el caso de quienes hayan hecho uso de una licencia por enfermedad grave de hijo o hija menor de un año.

Enseguida, el Tribunal puntualiza que el asunto a dilucidar se circunscribe a si existe fundamento para dar un tratamiento distinto a una licencia como la del cuidado del hijo o hija menor de un año por enfermedad grave −cuya titularidad por ley es de la madre, sin perjuicio de que ella pueda cederla al padre− de aquellas licencias de pre y posnatal, reguladas en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, cuyo supuesto son los hechos biológicos de embarazo, parto y post parto, junto con el post natal parental −cuya titularidad es de la madre y cuya fracción final puede ser cedida por ella al padre, según el artículo 197 bis del Código del Trabajo−.

En ese sentido, el Tribunal razona que no es posible establecer una diferencia relevante entre los supuestos de los artículos 195, 196 y 197 bis del Código del Trabajo y la exclusión que el precepto impugnado hace en cuanto al acceso al bono, ya que todos ellos tienen elementos preponderantes, pero también compartidos en algún grado: garantía de la salud de la madre y del hijo o hija, cuidados, apego, etc.

Agrega que la no discriminación contra la mujer implica que ella no vea perjudicado su desarrollo profesional ni condiciones de trabajo por el hecho de la maternidad. No es razonable que las madres trabajadoras vean perjudicadas sus trayectorias laborales al incurrir en contingencias vinculadas al cuidado en las que no se encuentran ni en la normativa ni en la realidad sus pares hombres.

Luego, en referencia al caso concreto, el fallo destaca que tiene características que hacen manifiesto que es constitutivo de discriminación directa, pues la licencia se produce por la necesidad de alimentación exclusiva del menor de un año por medio de la leche materna, por lo que la presencia y responsabilidad de la madre no podría ser suplida por el padre, lo que no supera el llamado test de sustitución.

Concluye la sentencia señalando que el razonamiento central que conduce a la decisión actual se funda en el derecho a la no discriminación de la mujer en el trabajo. El hecho del cuidado de un hijo o hija con enfermedad grave menor de un año es una situación prevista y protegida con una licencia pagada en el artículo 199 del Código del Trabajo. Esta situación, relacionada con el precepto impugnado, implica un impacto negativo en el derecho a la remuneración de la trabajadora, configurándose un efecto discriminatorio en razón de sexo o género, que no puede ser resuelto a nivel de interpretación legal, ya que se trata de normas pertinentes y vigentes para la resolución de la gestión pendiente, siendo de competencia de esta Magistratura acertar su inaplicabilidad para el caso concreto.

La Magistratura constitucional se ha pronunciado respecto al mismo precepto legal sólo en cuatro oportunidades anteriores, siendo acogido el requerimiento en los Rol Nºs 1801-102830-15 y rechazado en el caso de los Rol Nºs 2456-132113-11.

Vea texto de la sentencia Rol Nº 14.595-2023.

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