Aprobada solicitud de Resolución.
Cámara Baja solicita al Presidente recurra a la Corte Penal Internacional a fin de denunciar los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Especialmente en consideración a las más de 11.000 víctimas civiles que han sido asesinadas, 3.350 mujeres, más de 5.000 niños y niñas, 29.500 heridos, 4.000 desaparecidos, en definitiva, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en circunstancias que “el pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante”.

Se sometió a votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Solicitud de Resolución N° 1144, patrocinada por los diputados Andrés Longton, Leonardo Soto, Jorge Brito, Harry Jürgensen, Hernán Palma y Marcos Ilabaca, junto a las diputadas Natalia Romero, Claudia Mix, Maite Orsini y Marisela Santibáñez, mediante la cual le solicita al Presidente de la República que recurra en el menor plazo posible a los tribunales internacionales de justicia, especialmente a la Corte Penal Internacional, con la finalidad de denunciar los crímenes de guerra y lesa humanidad que ha cometido el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Los autores de la solicitud señalan que, el Derecho Internacional regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales, buscando armonizar las relaciones entre ellos y construir un ideal de justicia en un marco de certeza y seguridad. El Derecho Internacional Humanitario, por su parte, busca evitar y limitar el sufrimiento humano durante los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan en las hostilidades y restringiendo ciertos métodos de guerra.
Refieren que, en 1994 la Asamblea General de la ONU definió el terrorismo como actos criminales con fines políticos para provocar terror en la población, y lo condenó en todas sus formas. Sostienen que el terrorismo amenaza la dignidad y seguridad de las personas, pone en peligro vidas inocentes, socava la sociedad civil y desestabiliza gobiernos legítimos. Además, tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional y afecta negativamente el desarrollo económico y social.
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