Italia prohíbe el turismo reproductivo mediante gestación subrogada.

En Italia, se ha aprobado una ley que sanciona a quienes viajen al extranjero para recurrir a la gestación subrogada, con penas de hasta dos años de cárcel y multas que podrían alcanzar un millón de euros. Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, extiende la prohibición de esta práctica dentro del país y tiene como objetivo frenar el llamado «turismo reproductivo». La legislación ha sido aprobada con 84 votos a favor y 58 en contra en el Senado italiano, pese a las críticas de diversos sectores que consideran que perjudica principalmente a las parejas del mismo sexo.

En este sentido, Meloni, primera ministra de Italia y líder del partido conservador Hermanos de Italia, ha promovido una agenda que defiende los valores tradicionales de la familia, oponiéndose a la gestación subrogada, especialmente para las parejas LGBTQ. Durante su mandato, ha hecho énfasis en que los niños deben ser criados por un hombre y una mujer, y ha expresado su rechazo a la gestación subrogada, considerándola una práctica «inhumana» que cosifica a los niños. La nueva ley es vista por sus críticos como una medida que limita aún más los derechos de las familias LGBTQ, quienes ya enfrentan restricciones para adoptar o acceder a la fertilización in vitro en el país.

Los detractores de la ley señalan que, aunque la mayoría de las parejas que recurren a la gestación subrogada en Italia son heterosexuales, lo hacen de manera discreta. En cambio, las parejas homosexuales, al no poder ocultar el origen de sus hijos al regresar a Italia, se ven directamente afectadas por la nueva legislación. Por tanto, activistas, como Franco Grillini, han calificado la ley como «monstruosa» y denuncian que Italia es el único país con una prohibición tan estricta que criminaliza la búsqueda de gestación subrogada fuera de sus fronteras.