Cámara de Diputados.
Proyecto de ley que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado, en los casos que señala inicia su debate.
La norma que se debate en la Comisión de Gobierno Interior subraya que el ordenamiento penal, necesariamente, debe reaccionar con herramientas efectivas para asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.
La Comisión de Gobierno Interior inició el debate del proyecto que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva (fianzas). Además, aborda el tema de los honorarios de la defensa del imputado en estos casos.
La iniciativa considera inaceptable que el financiamiento obtenido a partir de actividades ilícitas sirva, eventualmente, para sustituir la medida cautelar más gravosa en perjuicio del interés de toda la sociedad.
Sobre todo, explica la moción, tratándose de delitos de tráfico de drogas o hechos vinculados al crimen organizado. Esto, dada la procedencia ilegal de los bienes de quienes han sido formalizados por dichos actos.
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