Proyecto de ley busca interpretar el estatuto administrativo y el estatuto para funcionarios municipales para incorporar en ellos el principio de confianza legítima en la renovación del personal a contrata.

La moción, patrocinada por los diputados Boris Barrera, Luis Cuello, Andrés Giordano, Daniel Melo, Juan Santana y Leonardo Soto, junto a las diputadas Marta González, Daniela Serrano y Emilia Nuyado, interpreta normas del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en el sentido de que el principio de confianza legítima es aplicable a los empleos a contrata regidos por dichos estatutos, a fin de reforzar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

La iniciativa se funda en que recientemente la Contraloría General de la República, refiriéndose al principio de confianza legítima, frente a la prórroga o renovación del personal a contrata, dictaminó que tal es una discusión debe resolverse en sede judicial. De ese modo se abstendrá de emitir pronunciamientos en la materia, contrariando los criterios asentados en dictámenes previos, en orden a que en aplicación del principio de confianza legítima el funcionario tiene la seguridad de que a partir de la segunda prórroga o renovación de su respectivo contrato será mantenido en su cargo para un próximo año. Lo resuelto entonces por el órgano contralor conlleva el riesgo de echar por tierra una larga lucha por la anhelada estabilidad laboral en el ámbito público.

Agregan los autores de la iniciativa que la legislación nacional en materia de contratación de personal ha ido evolucionando hacia un enfoque más garantista, buscando proteger los derechos adquiridos por los empleados públicos. En tal sentido, afirman, la aplicación del principio de confianza legítima ha promovido un entorno de trabajo más estable y predecible en el sector público. Por lo que su incorporación a nivel legal se alinea con esta tendencia, reforzando la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los funcionarios públicos.