El panel de disputas convocado en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) emitió un dictamen en el que concluyó que las restricciones impuestas por México a las exportaciones de maíz genéticamente modificado provenientes de Estados Unidos contravienen las disposiciones del tratado.
La controversia se originó a raíz de un decreto presidencial emitido por México en febrero de 2023. Dicho decreto establecía una prohibición inmediata del uso de maíz genéticamente modificado en la producción de masas y tortillas, además de instruir a las autoridades competentes a implementar una eliminación gradual de su uso en la alimentación animal y otros productos relacionados.
El panel determinó que las restricciones impuestas por México no se sustentaban en evidencia científica y que, por tanto, vulneraban las obligaciones relativas al acceso al mercado estipuladas en el T-MEC. Según el texto del trato, el acuerdo tiene como objetivo garantizar condiciones equitativas de comercio entre las partes signatarias y promover el crecimiento económico en la región de América del Norte.
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La representante comercial de Estados Unidos calificó el fallo como favorable a su país, destacando que confirma las inquietudes previamente expresadas por Estados Unidos en relación con las políticas biotecnológicas adoptadas por México.
El decreto mexicano de 2023 había sido presentado con el propósito de proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, así como de asegurar el acceso a una alimentación adecuada y de calidad. No obstante, Estados Unidos ha alegado que las medidas adoptadas no cumplen con los estándares científicos establecidos en el marco del T-MEC.
Diversos grupos de la sociedad civil han manifestado su respaldo al decreto mexicano, instando a que se respete la soberanía del país en la regulación de productos agrícolas. Paralelamente, otros sectores consideran que Estados Unidos está facultado para cuestionar dichas restricciones en virtud de las disposiciones del T-MEC.
El embajador estadounidense señaló que el fallo del panel reafirma el principio de que el comercio debe regirse por normas basadas en la ciencia, conforme a lo pactado en el acuerdo trilateral.