El Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto de ley que incorpora el delito de femicidio al ordenamiento jurídico del país y establece la pena de cadena perpetua para quienes resulten condenados por su comisión. La propuesta legislativa define el femicidio como la acción de causar la muerte de una mujer en razón de su género, ya sea como expresión de discriminación u odio hacia ella, o con el propósito de restringir sus derechos, libertades o la manifestación de su personalidad. Asimismo, el texto legal prevé la inclusión de circunstancias agravantes, entre ellas, el acoso y el acecho.
La iniciativa busca cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, tratado que ha sido ratificado por Italia y que exige la adopción de medidas específicas para combatir la violencia de género. Además, la norma propuesta se ajusta a los requerimientos de la Directiva 1385/2024 de la Unión Europea, que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar un nivel mínimo de protección contra la violencia sexual.
El proyecto de ley ha sido presentado en el contexto de una serie de reformas orientadas a la protección de los derechos de las mujeres y la mejora de las condiciones de igualdad. Entre las consideraciones señaladas en el informe gubernamental que acompaña la propuesta, se menciona el impacto de la medida en la prevención de delitos de género y la necesidad de reforzar el marco sancionador en este ámbito.
La norma se encuentra ahora en proceso de deliberación parlamentaria, donde deberá ser sometida a debate y votación para su eventual aprobación e incorporación definitiva al ordenamiento jurídico italiano.
Se incorporan las siguientes modificaciones, entre otras:
- Prevé la audiencia obligatoria de la parte perjudicada por el Ministerio Fiscal, que no puede delegarse en la policía judicial, en los casos de código rojo;
- Introduce obligaciones específicas de información a favor de los familiares de la víctima de femicidio;
- Prevé la opinión no vinculante de la víctima en caso de negociación de sentencias por delitos de código rojo y las obligaciones de información relacionadas y la carga motivacional del juez;
- En los casos en que existan medidas cautelares, prevé la aplicación de la medida de prisión preventiva o arresto domiciliario al imputado;
- Interviene sobre los beneficios penitenciarios para los autoresde delitos de código rojo;
- Refuerza las obligaciones de formación de los magistrados, previstas en el art. 6, apartado 2, de la Ley N° 168 de 2023;
- Extiende a la fase de ejecución de la sentencia indemnizatoria el régimen preferencial en materia de reserva de deudas previsto para los perjudicados por los actos de homicidio y femicidio “código rojo”;