El partido de izquierda Francia Insumisa (LFI) ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento de Francia para eliminar el concepto del «deber conyugal» en la legislación del país, en una importante medida para la defensa de los derechos civiles. La propuesta, impulsada por la diputada Sarah Legrain, tiene como objetivo reformar el Código Civil para establecer que la «comunidad de vida» entre cónyuges no debe interpretarse como una obligación de mantener relaciones sexuales.
La iniciativa nace a raíz de una reciente condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en enero de 2024 sentenció que la jurisprudencia francesa no puede seguir avalando el castigo a una mujer que se niega a tener relaciones sexuales con su pareja. El caso en cuestión involucró a un hombre que solicitó el divorcio alegando que su esposa se había abstenido de tener relaciones sexuales durante años. El TEDH subrayó que el matrimonio no debe ser considerado como un consentimiento implícito a la intimidad forzada, un principio que podría desvirtuar el concepto de violación conyugal.
En palabras de Sarah Legrain, autora del proyecto de ley, «queremos garantizar que esta interpretación errónea del Código Civil no se vuelva a utilizar en ningún caso de divorcio». La diputada enfatizó la importancia de reafirmar el compromiso de Francia en la lucha contra la violación dentro del matrimonio, proponiendo una actualización legal que responda a los cambios en la comprensión de la autonomía y el respeto en las relaciones conyugales.
La propuesta ha sido respaldada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que consideran que la reforma es un paso fundamental hacia la eliminación de prácticas judiciales obsoletas. Legrain también subrayó que el concepto del deber conyugal sigue siendo invocado en tribunales de primera instancia y apelación, lo que evidencia la persistencia de interpretaciones desfasadas del matrimonio.
Con este proyecto de ley, Francia busca dar un mensaje claro sobre el respeto a los derechos fundamentales y la autonomía dentro del matrimonio, abriendo además un debate sobre los derechos reproductivos y la autonomía sexual en el marco legal del país.