Veinticuatro organizaciones presentaron un informe conjunto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que analizan la relación entre las emisiones de combustibles fósiles y el cambio climático. En dicho documento, se expusieron las obligaciones jurídicas de los Estados y de las entidades privadas en virtud del principio de “quien contamina paga” y el derecho a reparación de los afectados por los efectos climáticos adversos.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Amnistía Internacional, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Oxfam y la Juventud Mundial por la Justicia Climática (JMJC).
El informe incorpora datos científicos recientes sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y su relación con el incremento de la temperatura global. Según el documento, las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles en el sistema energético aumentaron un 4,6 % entre 2015 y 2019, representando aproximadamente dos tercios de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.
Asimismo, el informe hace referencia al papel de la industria de los combustibles fósiles en el desarrollo de conflictos armados y sus consecuencias en el ámbito del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Se señala que la demanda de recursos energéticos puede estar vinculada a escenarios de militarización y desplazamientos forzados, lo que genera impactos ambientales y sociales adversos en determinadas regiones.
En el documento se incluye una comparación entre la inversión en gasto militar y la financiación destinada a la acción climática. De acuerdo con la información presentada, los Estados del Norte Global destinan aproximadamente 30 veces más recursos a cuestiones de defensa que a estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto, se analiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de financiamiento climático, particularmente en lo que respecta a los compromisos adquiridos con los Estados del Sur Global.
El informe también hace referencia al marco jurídico internacional sobre el derecho a reparación. En este sentido, se citan los principios adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2005, que establecen el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación integral. En el plano ambiental, el documento subraya que el principio de “quien contamina paga” establece la responsabilidad de los principales emisores de gases de efecto invernadero en la reparación de daños ambientales y en la adopción de medidas compensatorias.
En los últimos años, diversos actores han promovido iniciativas jurídicas destinadas a reforzar la protección del medio ambiente en el marco del derecho internacional. Como ejemplo, el documento menciona la reciente oposición de más de 360 organizaciones y activistas a la denominada «Directiva Ómnibus» en la Unión Europea, al considerar que su aprobación podría afectar las normativas de sostenibilidad corporativa.
Por otro lado, el informe menciona la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirarse del fondo de la ONU destinado a la compensación por daños climáticos. Esta medida, enmarcada en la política ambiental del Ejecutivo estadounidense, ha sido objeto de debate en distintos foros internacionales.