El exmandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco del procedimiento iniciado en su contra por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico implementada durante su gestión, tanto como alcalde de la ciudad de Dávao como en su posterior ejercicio como presidente del país. La comparecencia del acusado se llevó a cabo a través de videoconferencia desde un centro de detención en las proximidades de La Haya, Países Bajos.
De conformidad con lo dispuesto por la presidenta del tribunal, Iulia Antoanella Motoc, se autorizó la participación del acusado a través de medios telemáticos, en atención a su reciente traslado desde Manila y la duración del vuelo, el cual incluyó una escala en Dubái. Durante la audiencia preliminar, Rodrigo Duterte se limitó a proporcionar su identidad y datos personales en idioma inglés, sin que se le solicitara una declaración formal sobre los cargos imputados.
La Fiscalía de la CPI ha formulado acusaciones en su contra en calidad de presunto coautor indirecto de crímenes tipificados contra la humanidad. Se alega que los hechos investigados habrían ocurrido entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su administración municipal y su posterior mandato presidencial.
Las pruebas presentados por la Fiscalía incluyen testimonios de testigos, documentos oficiales, registros audiovisuales y declaraciones públicas atribuidas al acusado. Asimismo, la acusación sostiene que, en su condición de alcalde, Duterte habría impartido instrucciones a miembros de las fuerzas de seguridad y otros actores para la ejecución de medidas letales contra determinados individuos, con presunta asignación de recursos y protección ante eventuales responsabilidades legales.
Por su parte, la defensa del acusado ha manifestado su oposición respecto a la competencia de la CPI en el caso, en virtud de la decisión adoptada por el Estado filipino de retirarse de la jurisdicción de dicho tribunal internacional en el año 2019. Se ha solicitado, además, la acreditación de Harry Roque, ex portavoz presidencial, para plantear objeciones procesales, entre ellas la supuesta ilegalidad de la detención del imputado.
El procedimiento ante la CPI se encuentra en fase preliminar, estando prevista una nueva audiencia en la que se determinará la viabilidad de continuar con la instrucción de la causa en base a los elementos probatorios presentados hasta la fecha.
“La Sala programó provisionalmente la audiencia de confirmación de cargos para el 23 de septiembre de 2025. El objetivo del procedimiento de confirmación de cargos es determinar si existen pruebas suficientes para establecer motivos fundados para creer que la persona cometió los delitos de los que se le sospecha. Si se confirman los cargos, total o parcialmente, el caso se remitirá a una Sala de Primera Instancia, que llevará a cabo la siguiente fase del procedimiento: el juicio”, señaló la CPI en un comunicado.