Un tribunal federal en Estados Unidos volvió a suspender temporalmente la aplicación de una ley del estado de Iowa que ordena la remoción de ciertos libros de las bibliotecas escolares públicas en función de su contenido. La normativa, identificada como Expediente Senatorial 496, había sido promulgada en 2023 y ordenaba la eliminación de libros que incluían «descripciones» de actos sexuales.
El juez federal emitió una orden judicial preliminar que impide la implementación de la norma mientras se resuelve el litigio. La decisión se fundó en la posible inconstitucionalidad de la ley conforme a lo dispuesto en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. El magistrado sostuvo que la normativa no incluyó un análisis del valor literario, artístico, político o científico de los libros antes de requerir su retiro, lo que la aleja de los estándares jurídicos previamente definidos en “materia de obscenidad”.
El caso había sido remitido nuevamente al juez por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, el cual le instruyó aplicar el criterio de balance establecido en el precedente Moody v. NetChoice, una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que aborda la libertad de expresión. Tras dicha evaluación, el juez concluyó que la cantidad de libros retirados en posible violación de la Primera Enmienda era sustancialmente superior a aquellos que podrían ser legítimamente restringidos bajo la normativa.
Entre los títulos ya retirados en cumplimiento de la ley estatal se encuentran obras como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Ojos azules de Toni Morrison, entre otras. La demanda contra la normativa fue presentada por escritores, editoriales y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, quienes adujeron que la disposición generaba un perjuicio al limitar el acceso de los estudiantes a obras de valor educativo.
Por su parte, la fiscal general de Iowa presentó su desacuerdo con la orden judicial y ha comunicado su intención de apelar el fallo. Adujo que la legislación busca garantizar que los materiales disponibles en las bibliotecas escolares sean apropiados para la edad de los estudiantes y que los padres no tengan que preocuparse por la exposición de sus hijos a contenido que consideren inadecuado.
El caso se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre los criterios de restricción de libros en el ámbito educativo y los límites constitucionales de tales medidas. La orden judicial preliminar permanecerá vigente hasta que se resuelva el fondo del litigio.