Joseph Clifton Smith fue condenado a muerte en 1997 por el asesinato de Durk Van Dam. Durante el proceso, se presentaron pruebas sobre su infancia traumática, bajo rendimiento escolar, junto a su historial de evaluaciones de CI (entre 72 y 78).
Se identificaron dificultades significativas en habilidades sociales/interpersonales y autodirección. Por ello, en aplicación de la Octava y Decimocuarta Enmiendas se determinó que ejecutar a una persona con discapacidad intelectual viola estas enmiendas constitucionales.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó que Smith tiene una discapacidad intelectual y, por lo tanto, no puede ser ejecutado según la Constitución de EE.UU.
No obstante, el estado de Alabama apeló esta decisión ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que en el caso de Clifton Smith se debe reevaluar su discapacidad intelectual y emitir un nuevo fallo que aclare el razonamiento utilizado. Aceptó así el recurso de revisión judicial, anuló la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito y devolvió el caso para que se emita un nuevo fallo que aclare el razonamiento utilizado.
La Corte Suprema enfatizó que, según el precedente «Hall v. Florida», cada puntuación de CI debe evaluarse por separado, considerando el error estándar de medición y que el Tribunal de Apelaciones había efectuado una ambigua calificación y que «el análisis de múltiples puntuaciones de CI en forma conjunta era una tarea compleja» y que los precedentes no especificaban cómo los tribunales debían abordar esta tarea.
Esta decisión subraya la complejidad de evaluar la discapacidad intelectual en casos de pena de muerte y la necesidad de criterios claros y consistentes en la interpretación de pruebas de CI.