Opinión.
La aplicación de los derechos fundamentales a las personas jurídicas en los procesos de Compliance, por Javier Puyol.
El reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas jurídicas en los procesos judiciales y administrativos derivados del Compliance es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la equidad, asegurando que las empresas sean tratadas con justicia y cuenten con todas las garantías procesales.

En el ámbito del derecho constitucional y administrativo, tradicionalmente los derechos fundamentales han sido concebidos para la protección de las personas físicas, dado que buscan garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de los individuos.
Sin embargo, con el desarrollo del derecho corporativo y el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, se ha reconocido que ciertos derechos fundamentales también son aplicables a las empresas y otras entidades, especialmente cuando estas se ven involucradas en procesos judiciales o administrativos derivados del Compliance.
Así, debe partirse del hecho de que las personas jurídicas, como sujetos de derecho, pueden ser objeto de procedimientos sancionadores, de responsabilidades penales, de medidas administrativas, y, de restricciones normativas, que pueden afectar a su actividad, a su patrimonio, y, también a su reputación.
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