Las cárceles italianas enfrentan una crisis sin precedentes. Con un nivel de hacinamiento que supera el 132 %, los centros penitenciarios están al lÃmite de su capacidad, lo que ha llevado a un alarmante aumento de los suicidios entre los reclusos. En 2024, un total de 91 presos se quitaron la vida, la cifra más alta registrada desde el año 2000, según el grupo de monitoreo ‘Ristretti Orizzonti’.
En los primeros tres meses de 2025, la situación no ha mejorado: 20 reos han cometido suicidio, lo que equivale a uno cada cuatro dÃas, de acuerdo con un informe de la ONG Antigone. «Año tras año se baten récords de suicidios», advierte Ornella Favero, coordinadora de ‘Ristretti Orizzonti’, quien señala que el sistema penitenciario italiano está «al borde del colapso».
El mayor problema sigue siendo el hacinamiento. Actualmente, las 190 cárceles del paÃs tienen capacidad para 46.800 personas, pero albergan a más de 62.000 reclusos, una sobrepoblación de aproximadamente 16.000 internos. Valentina Calderone, del Colegio de Garantes de Derechos de Personas Privadas de Libertad, advierte que si no se toman medidas para reducir la población carcelaria, la cifra podrÃa aumentar hasta los 67.000 presos, alcanzando niveles crÃticos registrados hace 15 años.
En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia por el hacinamiento carcelario, calificándolo como un trato inhumano y degradante. Sin embargo, poco ha cambiado desde entonces. Un ejemplo extremo es la prisión de Regina Coeli, en el centro de Roma, que alberga a más de 1.050 internos en un espacio diseñado para solo 570. La falta de áreas recreativas, la mala ventilación y la escasez de personal agravan la crisis, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas convierten la vida en prisión en una experiencia aún más insoportable.
El hacinamiento también impacta en los servicios básicos. «No hay suficientes recursos para todos: el agua se corta, la seguridad es insuficiente, la atención médica y psicológica es mÃnima», explica Calderone. Además, el número de educadores y personal de apoyo es insuficiente, con apenas 1.000 profesionales para todas las cárceles del paÃs.
El enfoque del actual Gobierno, liderado por Giorgia Meloni, se ha centrado en fortalecer el sistema carcelario con más personal y nuevas infraestructuras, en lugar de aplicar medidas de excarcelación o amnistÃa. En 2023, se aprobó una ley para trasladar a presos con problemas de drogadicción o salud mental a centros especializados, pero los resultados aún no han sido significativos. Además, por primera vez en la historia del paÃs, dos reclusos han obtenido permisos para encuentros Ãntimos con sus parejas, tras un fallo de la Corte Constitucional.
Mientras la oposición y las organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de reducir la población carcelaria mediante la excarcelación de presos con delitos menores, el Gobierno mantiene su postura de endurecer el sistema penitenciario. Entre tanto, la crisis sigue escalando y las cárceles italianas continúan al borde del colapso.