Una tribunal argentino validó el acuerdo transaccional que suscribieron el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires (Argentina) y el gobierno de esta ciudad, en virtud de una acción colectiva que buscaba que el gobierno local implemente medidas especÃficas para la protección de los usuarios que acceden a plataformas digitales que ofrecen servicios de clonación de voz y rostro mediante inteligencia artificial.
Entre las pretensiones formuladas por el Ministerio Público, se encontraba la solicitud de bloqueo del acceso a determinadas páginas web en la red BA WIFI, asà como la realización de campañas de concientización respecto de los potenciales riesgos asociados al uso de dichas tecnologÃas, con especial énfasis en la seguridad de los datos de los usuarios y la protección de los derechos de los consumidores.
Como resultado del acuerdo alcanzado, el gobierno de la ciudad asumió el compromiso de adoptar medidas de regulación y control respecto de los servicios de clonación de voz y rostro ofrecidos por plataformas de acceso libre. Dichas acciones estarán orientadas a la tutela de los derechos a la identidad, privacidad e intimidad de los usuarios.
Asimismo, el acuerdo prevé la implementación de una campaña de información pública sobre el impacto y las implicancias del uso de esta tecnologÃa, contemplando la realización de exposiciones y cursos sobre la materia. Sin perjuicio de ello, no se establecen plazos especÃficos para la ejecución de estas actividades ni se detallarán los medios a través de los cuales serán difundidas.
En lo que concierne a la supervisión de estas plataformas, la ciudad deberá efectuar auditorÃas periódicas con el fin de identificar sitios web que operen sin exigir el consentimiento informado y explÃcito de los usuarios respecto de la recopilación de datos biométricos. También se prevé la fiscalización de aquellas páginas cuyos términos y condiciones presentan cláusulas imprecisas o genéricas en materia de privacidad.
Además, se constató la necesidad de verificar la existencia de mecanismos de control que permitan restringir el acceso de menores de edad a dichas plataformas. Sin embargo, el acuerdo no especifica los criterios ni procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo dicha verificación.