El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un órgano independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un informe que por primera vez identifica nominalmente a decenas de funcionarios del Gobierno, del Ejército y del partido gobernante como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Según el documento, estas 54 personas han desempeñado roles clave en actos como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la sociedad civil y a medios de comunicación, así como en campañas de desnacionalización y confiscación de bienes privados.
«Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores», afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
El informe, de 234 páginas, se basa en entrevistas confidenciales, análisis de documentos verificados y otras fuentes independientes. Entre sus aportes destaca la inclusión de diagramas institucionales que ilustran las cadenas de mando y las conexiones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato de poder nicaragüense.
Un sistema de represión centralizado
El Grupo señala que el régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo —quienes asumieron formalmente los títulos de «copresidentes» tras una reforma constitucional en febrero de 2025— ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento represivo unificado, eliminando la separación entre partido y Gobierno.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, aseguró la experta Ariela Peralta, quien añadió que los crímenes documentados no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado “deliberada y bien orquestada”.
Llamado a la acción internacional
El informe también constituye un llamado urgente a la comunidad internacional, instando a adoptar medidas concretas, como sanciones, procesos judiciales y mayor respaldo a víctimas y organizaciones civiles.
«Este informe es una hoja de ruta para la justicia», señaló el experto Reed Brody. «Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas».
La lista de personas identificadas fue compartida previamente con el Gobierno de Nicaragua, el cual, sin embargo, se ha negado a cooperar con el Grupo. Además, el 27 de febrero de 2025 —un día antes de la presentación oficial del informe ante el Consejo de Derechos Humanos—, el Gobierno anunció su retiro del Consejo y de todos sus mecanismos subsidiarios.