Opinión.
Violencia institucional: cuando el Estado es el agresor, por Julissa Mantilla Falcón.
¿De qué manera la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reconocido la violencia institucional de género?

En una reciente publicación de agendaestadoderecho.com se da a conocer el artículo Violencia institucional: cuando el Estado es el agresor, por Julissa Mantilla Falcón (*).
Como se sabe, la violencia contra mujeres y niñas se produce en todos los espacios y ámbitos, y en diversos contextos como los familiares, comunitarios y locales, pudiendo ser responsables tanto agentes estatales como no estatales. No se trata de casos aislados de violencia y, por ello, la Convención Belem do Pará establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, derecho que incluye el ser libre de toda forma de discriminación y “ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” (artículos 3 y 6).
En este contexto se ubica la violencia institucional por razones de género, entendida como aquella forma de violencia de género perpetrada por un servidor o servidora pública “para discriminar, o bien con el fin de dilatar, obstaculizar o impedir el goce o disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia contempladas en la ley”.
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