En el marco del estudio en particular de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y propone la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el primer artículo del proyecto, relativo al nuevo sistema de designación de jueces.

La reforma, que agrupa dos mensajes del Ejecutivo y seis mociones parlamentarias (Boletines refundidos N°17.193, 12.607, 14.192, 16.852, 16.979, 17.115, 17.144 y 17.150), busca modernizar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, separando las funciones jurisdiccionales y administrativas actualmente concentradas en la Corte Suprema.

El artículo rechazado modificaba las atribuciones del Presidente de la República en materia de nombramientos judiciales, proponiendo que la función fuera ejercida por un Consejo de Nombramientos Judiciales, reemplazando así la actual intervención de la Corte Suprema en la elaboración de ternas.

Durante la sesión, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expuso los lineamientos generales de las indicaciones ingresadas por el Gobierno. Estas incluían, además de la separación de funciones de la Corte Suprema, la creación de un Tribunal de Conducta Judicial, encargado de conocer y resolver los procedimientos disciplinarios contra jueces.

No obstante, la discusión se vio tensionada por el debate en torno a la admisibilidad de ciertas indicaciones parlamentarias, lo que concluyó con el rechazo del artículo considerado como la base estructural del proyecto. Ante ello, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Ángel Calisto, instó al Ejecutivo a generar instancias de diálogo con las distintas bancadas para viabilizar la tramitación de la iniciativa.

Rechazo de indicaciones y rol del Senado

Previamente, la comisión rechazó dos indicaciones presentadas por las diputadas Lorena Fries, Javiera Morales y Pamela Jiles, que buscaban excluir al Senado del proceso de nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Las autoras argumentaron que la actual intervención de la Cámara Alta representa una politización del proceso de designación incompatible con un sistema de méritos.

Asimismo, se rechazó la indicación del diputado Gustavo Benavente, que pretendía suprimir la atribución presidencial para el nombramiento de jueces de los tribunales inferiores.

Frente a estas propuestas, el ministro Gajardo advirtió sobre los riesgos de dos extremos indeseables en los sistemas de nombramiento: el corporativismo, en que los órganos se autocomponen, y la politización excesiva. En este sentido, defendió que en una democracia representativa todas las autoridades deben tener una conexión con el sistema democrático, representado en este caso por el Presidente de la República.

Recordó, además, que la tradición presidencialista chilena ha establecido de forma histórica que sea el Primer Mandatario quien ejerza esta facultad, constituyendo una fórmula de legitimidad democrática en los nombramientos judiciales.

Vea texto del mensaje Boletín N°17.193 refundidos con Boletines N°12607-07, 14192-07, 16852-07, 16979-07, 17115-07, 17144-07, 17150-07 y siga su tramitación aquí.