El Comité de Comercio Internacional Europeo aprobó una propuesta legislativa que busca la modificación del marco regulador sobre el control de las inversiones extranjeras directas (IED) en la Unión Europea. La iniciativa establece un régimen más amplio y armonizado de control por parte de los Estados miembros en sectores considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad o el orden público.
La propuesta amplÃa el ámbito de aplicación del control obligatorio a nuevos sectores, incluidos los servicios de comunicación, las materias primas crÃticas y las infraestructuras de transporte. Los Estados miembros deberán examinar las inversiones extranjeras que afecten a estos sectores con el fin de determinar la existencia de riesgos para la seguridad.
Asimismo, la propuesta introduce mecanismos de coordinación más estrictos entre los Estados miembros y la Comisión Europea. Esta última adquiere la facultad de emitir opiniones vinculadas a proyectos de inversión extranjera cuando detecte discrepancias entre los Estados miembros o cuando considere que la operación puede afectar a la seguridad o al orden público a nivel europeo.
En los casos en que la autoridad nacional de control identifique efectos adversos derivados de una inversión extranjera, estará facultada para autorizar el proyecto sujeto a condiciones especÃficas de mitigación o para denegar su ejecución.
La propuesta recibió el respaldo de la mayorÃa de los miembros del Comité de Comercio Internacional, con 31 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
El marco vigente para el control de inversiones extranjeras en la UE fue establecido mediante el Reglamento (UE) 2019/452, en vigor desde el 11 de octubre de 2020. Este instrumento regula la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en el análisis de inversiones que puedan tener implicaciones transfronterizas o que incidan en intereses estratégicos comunes.
El Parlamento Europeo procederá a la votación del texto en sesión plenaria. Posteriormente, y en caso de aprobación, podrán iniciarse las negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea para acordar la redacción definitiva del texto.