Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional respecto a la propuesta presentada por la Comisión Europea para establecer una Directiva relativa a la vigilancia del suelo. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos establecidos por la Unión en materia de sostenibilidad medioambiental y busca crear un marco normativo común a nivel europeo en relación con la observación y evaluación del estado de los suelos.
La propuesta establece que los Estados miembros deberán implementar mecanismos para la monitorización y análisis del estado del suelo en sus respectivos territorios. Esta labor deberá realizarse mediante el uso de descriptores armonizados a nivel de la Unión, que incluyan parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo. Asimismo, se adoptará una metodología unificada para la toma de muestras, sin perjuicio de que los Estados puedan apoyarse en sistemas nacionales preexistentes o metodologías técnicas equivalentes. La Comisión proporcionará asistencia técnica y financiera a los Estados miembros mediante el refuerzo del programa europeo LUCAS Soils.
Cada Estado miembro deberá definir objetivos no vinculantes aplicables a los indicadores de salud del suelo, en función del nivel de degradación y las características del territorio. Estos objetivos estarán alineados con las directrices generales de la propuesta normativa, aunque no generarán efectos jurídicos directos sobre los operadores agrícolas o forestales.
En cuanto a la relación con los titulares y gestores de tierras, la Directiva no introduce obligaciones adicionales. En su lugar, contempla que los Estados miembros dispongan medidas de apoyo, tales como el asesoramiento técnico independiente, la capacitación profesional, la promoción de la investigación científica en esta materia, y actividades de divulgación sobre el estado del suelo y su funcionalidad ecológica. También se prevé que las autoridades nacionales evalúen periódicamente el impacto económico de la implementación de dichas medidas sobre los agentes del sector primario.
En materia de suelos potencialmente contaminados, los Estados miembros deberán elaborar un inventario público de emplazamientos sospechosos en el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de la Directiva. Deberán igualmente adoptar medidas adecuadas en aquellos casos en los que se identifiquen riesgos inadmisibles para la salud humana o el medio ambiente.
Asimismo, la normativa establece que, dentro de los dieciocho meses posteriores a su entrada en vigor, la Comisión Europea publicará una lista indicativa de sustancias emergentes susceptibles de presentar riesgos relevantes para la salud del suelo, la salud humana o el medio ambiente. Esta lista incluye compuestos químicos persistentes, como las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), así como determinados productos fitosanitarios.
El procedimiento legislativo ha alcanzado un acuerdo de segunda lectura anticipada, por lo que, una vez adoptado formalmente por el Consejo, el texto será sometido a votación en el Pleno del Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. La entrada en vigor se producirá veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de dicha fecha, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para su transposición y aplicación en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.