El Parlamento Europeo adoptó el Informe Anual 2024 sobre los Derechos Humanos y la Democracia en el Mundo. El documento recoge observaciones sobre la situación global en materia de derechos humanos, así como propuestas y recomendaciones dirigidas a las instituciones de la Unión Europea y sus Estados miembros. En este contexto, se identifican diversas prácticas que inciden en los marcos democráticos, tales como el debilitamiento institucional, la limitación del espacio cívico y la restricción de libertades fundamentales.
El informe señala la existencia de fenómenos que afectan a la estabilidad de los sistemas democráticos, como la intervención en procesos electorales mediante tecnologías digitales, el uso de internet para limitar el ejercicio de derechos políticos y la presencia de censura en medios de comunicación. También se documentan acciones contra organizaciones de la sociedad civil que operan en distintos entornos internacionales.
Asimismo, el Parlamento Europeo reafirma su respaldo a órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. En relación con esta última, se expresa preocupación institucional por las medidas restrictivas impuestas a sus actividades. El informe recomienda la activación de mecanismos jurídicos existentes en la legislación comunitaria, tales como el estatuto de bloqueo, con el fin de salvaguardar la independencia de dichos órganos.
En materia de inteligencia artificial, el documento expone posibles implicaciones sobre los derechos fundamentales y destaca la necesidad de un marco normativo adecuado que garantice su uso conforme al Derecho de la Unión. De igual modo, se examinan las consecuencias de la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito electoral y político.
El texto también se refiere a la situación de los derechos de las mujeres, incluyendo la persistencia de formas de violencia y discriminación en diversos contextos, incluidos los conflictos armados. Se insta a integrar la perspectiva de género en todas las políticas de derechos humanos de la UE.
Se describen instrumentos de acción externa de la UE orientados a la protección de derechos humanos, como la suspensión de la cooperación en el marco de la Política Europea de Vecindad en caso de contribución a violaciones de derechos, la inclusión de cláusulas específicas en tratados internacionales, y la aplicación del régimen global de sanciones en esta materia, conocido como Ley Magnitsky.
Por último, el Parlamento recomienda el fortalecimiento institucional del Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y una mayor coordinación interinstitucional entre los órganos europeos y los Estados miembros en la promoción de los principios reconocidos en los Tratados de la Unión.
El informe fue aprobado en sesión plenaria con 390 votos a favor, 116 en contra y 126 abstenciones. Forma parte del conjunto de informes anuales relativos a la acción exterior de la UE, que incluyen también los ámbitos de política de seguridad y defensa.
“Nuestro mundo está entrando en una nueva era, una en la que los tribunales internacionales, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos se ven constantemente socavados. La UE debe mantenerse firme y reafirmar estos valores, fundamentales para crear un mundo basado en la justicia y el respeto. El Parlamento Europeo nunca dejará de denunciar estos abusos y hará todo lo posible para apoyar a quienes luchan por proteger la democracia”, señaló la eurodiputada Isabel Wiseler-Lima.