El Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), órgano dependiente del Consejo de Europa, publicó su Informe General número 34, en el cual se detallan observaciones sobre diversas prácticas penitenciarias y psiquiátricas en los Estados miembros. En el ámbito penitenciario, el Comité denuncia la persistencia del hacinamiento en numerosos centros de detención europeos, lo que, según indica, limita la disponibilidad de actividades orientadas a la rehabilitación.
Asimismo, se documenta la existencia de estructuras informales de control entre las personas privadas de libertad, especialmente en determinados países de Europa del Este. En este contexto, el CPT describe la delegación no oficial de funciones de orden interno a ciertos reclusos con posiciones de influencia, una práctica conocida en algunos entornos como “smotriaschij”.
Dichas jerarquías, según el informe, se estructuran en niveles diferenciados que condicionan la vida interna de los establecimientos penitenciarios, con implicaciones en la distribución de roles y en el acceso a determinados espacios o servicios. El Comité alude al riesgo de que tales sistemas interfieran con la autoridad formal de los responsables institucionales y plantea su posible encuadramiento jurídico a la luz del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Respecto a la atención psiquiátrica, el CPT pone de relieve el uso frecuente de tratamientos farmacológicos como medida principal frente a pacientes internados, en especial aquellos en situación de ingreso involuntario. Se menciona igualmente la aplicación de medidas como el aislamiento o la contención química, sin la implementación sistemática de intervenciones psicosociales complementarias.
El informe recomienda a los Estados parte la adopción de estrategias nacionales destinadas a revisar las condiciones de detención y atención psiquiátrica, así como a reforzar los recursos destinados tanto a infraestructuras como a servicios comunitarios en el ámbito de la salud mental. El presidente del Comité, Alan Mitchell, insta a los gobiernos a considerar reformas estructurales y legislativas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el documento contextualiza la existencia de las jerarquías informales en centros penitenciarios dentro de un marco histórico, remontándose al periodo zarista en Rusia y su consolidación durante la era soviética. Se identifica su influencia en diversos Estados de Europa Oriental y del Cáucaso, donde tales dinámicas continúan manifestándose en la actualidad.