Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Estado mexicano debe cumplir cabalmente con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Esta decisión se da en el marco del expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 2/2023.
La Corte IDH condenó en 2018 al Estado mexicano por violaciones a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y por actos de tortura física, psicológica y sexual en perjuicio de once mujeres detenidas durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Las víctimas denunciaron haber sido agredidas sexualmente por agentes estatales durante su detención y traslado a centros de reclusión.
El máximo tribunal mexicano enfatizó que esta sentencia internacional constituye cosa juzgada, y que el Poder Judicial de la Federación debe participar activamente en su ejecución, en particular en lo relativo a juzgar a todos los responsables. No obstante, aclaró que esta obligación está sujeta a la conclusión de las investigaciones pendientes a nivel local y federal.
Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, continúa pendiente la identificación y sanción de todos los involucrados en los hechos de violencia sexual. El Pleno de la SCJN subrayó que su intervención estará dirigida a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, en conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La sentencia internacional fue promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por la Corte IDH en 2016, con base en los testimonios de las víctimas Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Las once mujeres fueron detenidas arbitrariamente, sin ser informadas de los motivos ni contar con defensa legal adecuada. Durante su detención y traslado, fueron objeto de violencia física, verbal y sexual, hechos que nunca fueron debidamente investigados por el Estado mexicano.
La resolución del Pleno reafirma la obligación de México de cumplir plenamente con las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos y representa un paso hacia la justicia y reparación integral para las víctimas.
