El Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas concluyó una visita oficial de 15 días a Colombia, en el marco de su mandato para supervisar la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Durante su estancia, el Comité sostuvo encuentros con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas.
En el informe confeccionado tras la visita, el Comité indicó que el fenómeno de las desapariciones forzadas continúa registrándose en distintas regiones del país, incluidas aquellas en las que operan grupos armados no estatales. Asimismo, se observó que la firma del Acuerdo Final de Paz en el año 2016 no ha supuesto la erradicación total de estos crímenes.
El Comité expuso que las desapariciones forzadas se presentan en contextos vinculados con otras conductas ilícitas, tales como el reclutamiento de menores, la trata de personas y los ataques contra profesionales del periodismo y defensores de derechos humanos. Según lo documentado, se han identificado casos de menores de edad que habrían sido privados de su libertad en inmediaciones de centros educativos para ser incorporados contra su voluntad a grupos armados.
En relación con el fenómeno migratorio, el CED manifestó preocupación por la existencia de desapariciones de personas en situación de movilidad humana, particularmente en zonas de tránsito estratégico como el Tapón del Darién, el departamento de Norte de Santander y el archipiélago de San Andrés. El Comité señaló que una proporción significativa de estos casos no se encuentran registrados oficialmente debido a la carencia de mecanismos específicos de documentación.
Frente a estos hallazgos, el Comité formuló una serie de recomendaciones al Estado colombiano, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda, investigación penal y procesamiento judicial. Asimismo, sugirió consolidar la cooperación bilateral y regional para atender las desapariciones en el contexto migratorio.
Finalmente, el CED instó al Estado parte a avanzar hacia el diseño y ejecución de una política pública integral de prevención, con énfasis en el abordaje de las causas estructurales asociadas a las desapariciones forzadas, así como en la adopción de medidas de carácter permanente que garanticen la no repetición de estos hechos.
“El Comité urge al Estado parte garantizar que todas las víctimas de desaparición forzada, incluyendo aquellas ocurridas fuera del contexto del conflicto armado interno, cuenten con las garantías de reparación integral, asegurando la clarificación de los roles de las autoridades que pueden otorgar reparaciones y la articulación de sus actividades”, concluye el Comité.
