El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) presentó una serie de demandas federales contra los estados de Hawái, Michigan, Nueva York y Vermont, impugnando determinadas disposiciones legislativas estatales sobre el cambio climático. Las demandas, interpuestas ante tribunales federales, se basan en presuntos conflictos entre la normativa estatal y el marco legal federal vigente en materia ambiental, comercial y de política exterior.
En el caso de Nueva York y Vermont, las demandas se dirigen contra leyes estatales aprobadas en 2024 que establecen un mecanismo de responsabilidad financiera para empresas vinculadas a la emisión de gases de efecto invernadero. Estas leyes, conocidas como “superfondos climáticos”, tienen como objetivo recuperar costes relacionados con los “impactos del cambio climático”. Esta legislaciónl se inspira en el Superfondo federal de 1980, diseñado originalmente para gestionar sitios de residuos peligrosos. Según el Departamento de Justicia, dichas leyes estatales vulneran la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) al incurrir en una regulación paralela que interfiere con competencias federales exclusivas.
El DOJ alega que la legislación de Nueva York y Vermont excede los límites constitucionales al intervenir en asuntos de comercio interestatal y política exterior, áreas cuya competencia se atribuye al gobierno federal. En consecuencia, las demandas buscan que los tribunales declaren la inconstitucionalidad de dichas normas y emitan una orden judicial que impida su aplicación.
En paralelo, el DOJ demandó a los estados de Hawái y Michigan para impedir que estos prosigan o inicien acciones judiciales contra compañías de combustibles fósiles en tribunales estatales. Hawái presentó una demanda contra varias empresas del sector energético el mismo día de la presentación de la demanda federal. La demanda sostiene que las actividades de estas compañías generaron impactos climáticos perjudiciales para el interés público. Por su parte, Michigan se encuentra en conversaciones con despachos jurídicos privados con la intención de presentar una demanda con contenido similar.
El Departamento de Justicia aduce que las acciones legales de Hawái y Michigan podrían afectar la producción y distribución de energía a nivel nacional, generar costes económicos adicionales y comprometer la seguridad energética frente a actores internacionales.
Las demandas se interponen en el contexto de recientes órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno federal, sobre el ámbito climático. Entre ellas destacan la Orden Ejecutiva 14260, titulada “Protección de la energía estadounidense frente a la extralimitación estatal”, y la Orden Ejecutiva 14156, que declara una emergencia energética nacional. Ambas normativas establecen criterios para la intervención federal en materia energética ante actuaciones estatales consideradas contrarias al interés nacional.
Finalmente, cabe señalar que una coalición de 24 estados ha promovido un litigio paralelo contra la ley de superfondo climático de Nueva York. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este año una solicitud presentada por 19 estados para impedir la entrada en vigor de iniciativas climáticas en otras jurisdicciones estatales, invocando su facultad discrecional para admitir o denegar la revisión de controversias entre estados.
