El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island emitió una medida cautelar preliminar para suspender la Orden Ejecutiva 14238, firmada por el presidente Trump. Esta disposición establece la reducción de recursos operativos, plantilla y financiación de varias agencias federales, entre ellas el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias (MBDA) y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS).
La medida cautelar fue dictada en el marco de una acción legal promovida por un grupo de veintiún fiscales generales estatales, que impugnaron la legalidad de la orden ejecutiva mencionada. Según lo dispuesto en la orden judicial, la aplicación de dicha orden ejecutiva queda suspendida en lo que afecta a las tres agencias citadas, hasta que se resuelva el fondo del litigio.
El tribunal funda su decisión en una supuesta infracción de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), que establece los requisitos legales para la actuación de las agencias federales. En particular, indicó que las decisiones administrativas adoptadas en cumplimiento de la orden ejecutiva podrían considerarse contrarias a los estándares de razonabilidad exigidos por la APA.
Asimismo, el tribunal señala que la orden ejecutiva podría conllevar una vulneración del principio constitucional de separación de poderes. En este sentido, se alude a dos posibles irregularidades: por un lado, la posible injerencia del poder ejecutivo en atribuciones reservadas al Congreso, como la asignación de fondos y la organización administrativa federal; por otro, el posible incumplimiento de la cláusula constitucional que impone al Presidente la obligación de ejecutar las leyes conforme al marco legislativo aprobado por el Congreso.
Este juicio se inscribe en un contexto más amplio de litigios interpuestos por diversos fiscales generales estatales frente a distintas decisiones administrativas adoptadas por la actual administración federal. En fechas recientes, se han registrado otras demandas vinculadas a cuestiones presupuestarias y de política pública, que se encuentran igualmente en proceso de revisión judicial.